La acusación presentada por la comisión integrada por los consejeros Sonia Haydée Donati, Mirta Pacheco y Mariano F. Jalón consta de 31 páginas y se describen los hechos por lo que entienden que Fernando Rivarola incurrió en causales de mal desempeño, en las dos denuncias que pesan en su contra.
Una de las acusaciones fue promovida por la Red de Acción contra la Trata de Personas (RAT), debido a que Rivarola no actuó con diligencia para denunciar y separar del cargo a un médico forense que se desempeñaba en el Superior Tribunal de Justicia, luego de detectar que ese profesional era uno de los involucrados en una red de tenencia de material vinculado a abuso sexual infantil.
La acusación cuestiona la “morosidad injustificada en el cumplimiento del deber de informar al Superior Tribunal de Justicia sobre alerta recibida en Mayo 2021, referente a la posible tenencia de material pornográfico infantil por parte de un funcionario del Poder Judicial (Médico Forense)”, señala la presentación, “…permitiendo así que el médico en cuestión continuase realizando pericias en niñas, niños y adolescentes presuntamente abusados en franca violación a lo dispuesto por el art. 30 de la Ley Nº 26061”.
En concreto, por la demora del fiscal en denunciar que el médico apareció involucrado en la investigación que estaba a su cargo, dicho profesional siguió durante un tiempo (hasta que fue finalmente cesanteado, varios meses después) cumpliendo funciones en las que, precisamente, se dedicaba a revisar a víctimas de abuso sexual infantil.
Sobre el mismo hecho, se le imputa el incumplimiento deberes éticos (art. 4 de la Ley I 231 de ética Pública) y el “incumplimiento al deber de promover el valor justicia al consentir un acuerdo de juicio abreviado con el autor confeso de un delito que tuvo como víctimas niñas, niñas, adolescentes, sin ponderar el interés superior de ellos (de acuerdo con lo que establece la Convención de Derechos de la Niñez”, a los que adhieren la Constitución Nacional y Provincial.
A pesar de las denuncias y las pruebas presentadas, el Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut resolvió en agosto del año pasado archivar el juicio de destitución que se impulsaba en contra del fiscal Fernando Rivarola, de Rawson.
Según la resolución del tribunal, está corroborado que, si bien ambas denuncias ingresaron en octubre y noviembre del año 2021, al momento de concluir el sumario y resolverse la elevación para el juicio de destitución (proceso conocido como ‘jury’) había transcurrido más de un año. La ley que regía en ese momento daba un máximo de 6 meses de plazo, desde la recepción de la denuncia hasta la conclusión del sumario.
A partir de esta decisión, que no es apelable, quedaron sin resolución las dos acusaciones que pesaban contra Rivarola.
