jueves, 10 de octubre de 2024
jubilados manifestando en el Congreso de la Nación Argentina

Los políticos que atentaron contra el ingreso de los jubilados nunca trabajaron ni aportaron como ellos. Entre el equilibrio fiscal y la vida humana que se agota, fría e indolentemente se volvió a optar por los números.

Erróneas especulaciones político-electorales o de “gobernabilidad”, generan una profunda crisis ético-moral y normativa, que impregna a todo nuestro estado de derecho en términos jubilatorios.

Por caso, las jubilaciones ordinarias en las décadas del kirchnerismo (con enrevesadas recomposiciones, litigiosidad, moratorias, beneficios sin aportes, estatización de las AFJP), aportaron sustancialmente a una política de seguridad social que nos dejó enormes interrogantes. Con incuantificables cómputos pendientes y haciendo añico los elementales contratos sociales con la clase pasiva.

Natural, biológica y humanamente, el sentido de una noble y cabal jubilación, era premiar la dignidad laboriosa personal facilitando, al término de ella, merecidos pequeños e inéditos júbilos y albedríos para cada justo beneficiario.

Nos referimos a los jubilados que por décadas trabajaron y aportaron “en serio”. Abunda el esfuerzo y los sudores humanos detrás de millones de jubilados en esta Argentina que somos y hoy integramos.

Décadas autoritarias y democráticas solo perjudicaron inconstitucionalmente al conjunto de los jubilados afectando garantías legales y derechos humanos, (como el acceso a una vivienda digna, alimentación, medicamentos, un paseo o excursión, un modesto obsequio o regalito a sus nietos).

Basta con chequear los montos y el real poder adquisitivo satisfactorio que tenían los jubilados y pensionados durante los gobiernos del presidente Arturo H. Illia o el de Arturo Frondizi.

La mayoría de los que cometieron este “jubilaricidio”, nunca trabajaron ni aportaron como ellos, tampoco vivieron ni viven como ellos.

Lo cierto es que, entre el equilibrio fiscal y la vida humana que se apaga (por un tiempo natural e individual que inexorablemente se agota), fría e indolentemente volvió a optarse por números.

Se posterga otra vez a una despreciada generación jubilatoria, quienes por su edad no tienen tiempo para esperar, ni fuerzas ni organizaciones para reclamar en forma contundente, capacidad de movilizarse ni de presionar institucionalmente.

Mucho menos para autofinanciarse hasta un mejor final, para no proferir un “milagro”.

El derecho a la vida es desde la concepción hasta la muerte natural. Sin una recomposición de la base del haber jubilatorio mínimo de dos canastas familiares básicas, todo incremento o formula que se aplique resulta otro criminal sofisma, sin atenuantes.

Por otra parte, hay que ver cuánto dinero mensual y con qué justa razón perciben castas de funcionarios, periodistas u otros que osada e inhumanamente opinan sobre el lacerante asunto de los indigentes jubilados y pensionados ordinarios argentinos.

Jubilados de privilegio

Cuando tenemos el caso de ex presidentes, o sus vices, que por trabajar periodos de unos pocos meses y horas, cobran millonarias y escandalosas cifras jubilatorias mensuales, de privilegio.

Complejizan el desafío jubilatorio autóctono con el delito de rapiña continuada del sistema previsional, bajo solapados catálogos de eufemismos.

Entonces por qué, al menos, no callarse y respetar de una buena vez esta larguísima digna y pacifica agonía de jubilados y pensionados ordinarios. Con sus urgencias tan crecientes como permanentes e inmediatas, generándoles más y más incertidumbres y dolor. Quizás otra colectora (junto a la educativa) para un camino de caos que ni Argentina ni sus honrosos jubilados y pensionados anónimos, merecen.

Por último, no puedo dejar de mencionar las más de cientos de miles de sentencias firmes hace años en favor de reajustar los haberes de jubilados y pensionados, impunemente impagas. ¿Cómo es que no hubo todavía ningún veto para los cientos de miles de millones de fondos reservados para espionajes legales? ¿Ni para escandalosos haberes y dietas privilegiadas para los legisladores, jueces o directores de empresas estatales, etc., etc.?

Todo esto redunda en otro elogio a la inequidad y a una rotunda y descarada desigualdad ante la ley para el conjunto popular de la ciudadanía argentina, que deberá continuar clamando justicia, pero así, por ahora, solo al mismo cielo.

Por Roberto Fermín Bertossi – Experto Coneau / Cooperativismo.

 

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