Destemplada, Cristina intentó un alegato extrajudicial para remontar esa cuesta de desprestigio. Sólo convenció a los suyos de su desesperación.
Ahora se comprende por qué lloró Cristina Kirchner el día que José López apareció con sus bolsos en un convento. No tuvo que ver, como dijo, con la frustración de sus jóvenes seguidores. La filmación era irrefutable, peor que la confesión de un arrepentido. Ineludible hasta para el más distraído de los fiscales. Y determinante: se había roto un eslabón clave en una cadena de operaciones ilegales.
Desde entonces, el relato de Cristina sobre la corrupción de su gobierno pasó a la defensiva. Dejó de ser la narrativa épica de la redistribución progresista para transformarse en la defensa de su inocencia presunta, por ineptitud o ignorancia, ante el desfalco de funcionarios propios que robaron a gran escala.
Pero el alegato del fiscal Diego Luciani escaló sobre esa trinchera defensiva. Demostró, más allá del eslabón López, la existencia de esa cadena circular que empezaba en la familia Kirchner, pasaba por el Estado y terminaba en Lázaro Báez.
Luciani expuso tantas pruebas y documentos que Cristina perdió la batalla de la opinión pública. Ella es consciente de esa fragilidad que la enfrenta con la ciudadanía, víctima verdadera de los actos de corrupción. Destemplada, intentó un alegato extrajudicial para remontar esa cuesta de desprestigio. Sólo convenció a los suyos de su desesperación.
La clave de esa encerrona debe buscarse en el diseño judicial que imaginó la señora Kirchner tras su regreso al poder. Con el triunfo en mano, desaprovechó la oportunidad de una defensa técnica en diciembre del ‘19. Desde el pedestal insultó a los jueces, declinó responder preguntas, y dio por resuelto el juicio con la sentencia electoral aún fresca. Fue cuando dijo que la historia ya la había absuelto. Como estrategia jurídica, era una jugada altamente riesgosa. Daba por sentado que el tribunal de la legitimidad política jamás retrocedería. Equivalía a presuponer la gestión exitosa de la crisis económica que venía en franca aceleración.
Fernández quiso defender a Cristina. Le salieron dos cosas: una amenaza de tono mafioso contra Luciani y una evocación cínica de la muerte de Alberto Nisman.
Eso explica por qué aparece ahora atribulada, agitando el fantasma de una proscripción inexistente. Pasaron cosas. La principal: el fracaso autoadmitido del gobierno actual. Eso dio vuelta la mayoría en el tribunal de los votos. Se esfumó la absolución.
El doble colapso, de la gestión de gobierno y de la estrategia judicial que eligió Cristina, explica gran parte del escenario actual.
La vice intenta un nuevo experimento para fugar hacia adelante. Encolumnar a todo el oficialismo en su defensa equivale a alinearlo frente a un enemigo imaginario, responsable del fracaso del gobierno que integra.
Dicho a la inversa: como la proyección política de la gestión parece irrecuperable, y en el mejor de los casos puede ser transicional hacia un nuevo mandato, la defensa movilizada de Cristina contra la Justicia es el único prospecto electoral posible que ella le propone al oficialismo.
Esa propuesta es todavía más riesgosa que aquella de diciembre de 2019. La crisis económica y social sigue acelerándose. La vice se aventura en el empeño de una gigantesca operación simbólica: que la demanda insatisfecha en la base social contra el gobierno sea simultáneamente un 17 de octubre en cuotas en favor de la absolución de Cristina.
Es una metáfora ambiciosa. Pero esa alquimia tiene un obstáculo: Cristina no está, ni estará, proscripta. No está detenida en la isla Martín García, sino libre y manejando el Gobierno. Para evidenciar esa obviedad, el presidente Alberto Fernández salió a alinearse en el nuevo experimento. Con una inhabilidad proverbial, que a la vice le debe haber recordado aquella madrugada mística de José López.
Fernández quiso defender a Cristina. Le salieron dos cosas: una amenaza de tono mafioso contra Luciani y una evocación cínica de la muerte de Alberto Nisman. Con esa amenaza torpe el Presidente unificó a la oposición para un pedido de juicio político. Algo que sólo prosperaría si en su pesadilla épica la vice decide poner sus votos en el Congreso para defenestrarlo.