viernes, 19 de abril de 2024

En reportaje con LU20, el ministro de Medio Ambiente Roberto Jure, hombre de Comodoro, muy cercano a Rafael Cambareri, contó su experiencia en el Ministerio de Medio Ambiente, donde ingresó en 2003 como inspector de efluentes en la zona sur y desde allí fue ascendiendo.

Al ser consultado sobre la alarmante contaminación en la costa provincial donde fauna marina convive con cajones de pescados, sogas, redes y distintos elementos de la flota pesquera, el funcionario, una vez más, confirmó aquella famosa frase: “No aclares que oscurece”. “Lo estamos trabajando, lo hacemos con 25 organizaciones ambientales y Medio Ambiente de Nación y los organismos europeos de temas ambientales”. Seguramente, más adelante, firmarán algún convenio, que saldrá en la tapa de los medios, para dar tranquilidad a la población sobre el cuidado de una zona costera que es patrimonio de la humanidad.

Jure informó además que “están en contacto con la Unidad Europea (sic) en busca de financiamiento”. Esta noticia sobre la búsqueda de financiamiento, ya la anunciaban en los medios cuando, a su vez y en forma simultáneamente, apuraban la derogaban el FAP, que era, justamente, una Ley para financiar el cuidado ambiental. Típicas contradicciones de un gobierno sin planificación ni responsabilidad.

Anunció que están trabajando en un proyecto que no sabe “si será Ley, un Decreto o un protocolo de funcionamiento en la actividad pesquera”, y nuevamente aclaró: “Lo estamos trabajando”. El experimentado funcionario explicó que “no pueden determinar a quienes pertenecen los cajones y restos que aparecen en la costa aunque reiteró que “están trabajando en eso, con reuniones con el sector pesquero…”.

Al ser consultado por el cobro del FAP Jure desconoció cómo funcionaba la Ley, mintió descaradamente al decir que el Ministerio intimaba a las empresas con los certificados de deuda, cosa que nunca hicieron hasta que Fiscalía de Estado los intimó porque entraban todos en “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Al referirse al monto que las empresas pesqueras adeudan por el no pago del FAP, dijo que le faltaba determinar las últimas semanas de pesca pero que los números los tenían “y el monto es de mil ciento cincuenta millones de pesos…”.

La verdad es que no tenían la información, porque no les interesaba tenerla ya que no se quería cobrar por derecha, lógicamente, era otro el interés, a tal punto se mintió, que cuando los diputados pedían información oficial, sobre las cargas declaradas en los puertos chubutenses, para poder derogar la Ley, el gobierno no la tenía, se les dio un plazo para cumplimentar dicha información, pasado el plazo tampoco pudieron aportar los datos y el FAP se derogó sin saber los montos que se condonaron.

 

 

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