El ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, se mostró muy satisfecho por los últimos datos arrojados por el sistema nacional de información criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad de Nación, que marcaron que en Trelew el índice de criminalidad descendió un 30%.
“En Trelew nos sorprendió que el primer descenso abrupto fue en enero y febrero, donde solo contábamos con las fuerzas provinciales y luego se estabilizó está en línea descendente y lleva varios meses en ese mismo sentido”, indicó Iturrioz.
El Ministro destacó además que “en la provincia se incrementó el 7% la cantidad de detenidos” producto del trabajo “en conjunto con el poder judicial. Esta mancomunión es la que nos llevará a tener éxitos”.
“En Trelew desbaratamos una banda, que operaba con asaltos tipo comando, hay algunos más que desarticular, queremos que queden forzados al privarlos de la libertad ambulatoria, la cosa está empezando a cambiar”, sostuvo Iturrioz y agregó que “con Esquel y Madryn también estamos trabajamos muy bien”.
Adelantó que en septiembre realizarán una presentación en Comodoro Rivadavia donde darán a conocer las estadísticas completas del delito en Chubut. “Estamos preparando la información de los informes, la idea es presentarlos en septiembre antes de la reunión del Consejo Federal, tenemos un relevamiento semanal y quincenal para tomar decisiones objetivas, con mapas de delito y zonas calientes”.
Denuncia contra el Procurador Porras Hernández
La semana pasada se conoció que Iturrioz solicitó a Legislatura que inicie juicio político contra el procurador adjunto del Ministerio Público Fiscal, Emilio Porras Hernández, acusado de “mal desempeño y falta de conocimiento de derecho”.
“La denuncia la hice en carácter de Ministro de Seguridad y se le atribuyen tres hechos: el primero es una falta ética grave ya que el laboratorio regional Forense, que depende de la Procuración Adjunta de Comodoro, funciona en un inmueble alquilado a la suegra de Porras Hernández. El segundo caso tiene que ver con el incendió de su vivienda, en donde quiso cargar culpas a la cooperativa eléctrica, la Dra. Rivas hace la investigación muy prolija y concluye que no hubo delito, que no fue una carga de sobretensión. Entonces él defenestra a su colega con términos que son arbitrarios para que la actuación fuese la que él quería. La jueza dijo que la investigación fue la correcta. El tercer hecho es que en un escrito critica la carencia de lugares de detención en la zona sur y dice que esto colisiona con la política punitiva que se establece desde el ámbito provincial desde donde se pretende la detención por delitos menores, esto no es cierto, es imposible porque la política criminal lo establece la letra de la constitución, por lo tanto desconoce cómo funciona el proceso, si él cree que el gobernador está teniendo injerencia en la política criminal lo que tiene que hacer es denunciarlo”, describió.