El máximo órgano judicial de la provincia ordenó al Gobierno entregar todos los antecedentes obrantes que permitieron la asignación de tres permisos de flota amarilla, tres de pesca artesanal y un VACOPA. En el sector prevén que habrá un largo camino de litigiosidad sobre esas concesiones.
La empresa pesquera apeló a la Ley I N° 156 de Libre Acceso a las Fuentes de Información y Publicidad de los Actos de Gobierno y ante el incumplimiento de la cartera de Pesca en brindar esos antecedentes se impetró la acción de amparo.
Concretamente, el STJ admitió el recurso de revocatoria contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Trelew revocando el rechazo del recurso de apelación y de este modo haciendo lugar a la apelación ordinaria interpuesta por la parte actora y en consecuencia declarar bien interpuesto el pedido de información ante el funcionario a cargo de la Secretaría de Pesca de Chubut en los términos del Art. 3 de la Ley I N° 156.
Con la firma de los jueces Silvia Alejandra Bustos y Mario Luis Vivas, el STJ ordena a que el organismo estatal que tiene a su cargo la administración pesquera deberá proveer todos los antecedentes que obran para el otorgamiento de cada uno de los permisos de pesca que fueron creados a partir de la Ley de Pesca N° 157, aquella que nació la madrugada del 23 de diciembre de 2022.
Los actos administrativos que comprenden las decisiones tomadas durante la gestión del secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, pero también alcanzaría las más recientes decisiones emanadas de la dependencia que conduce Andrés Arbeletche, que a partir de “acuerdos transaccionales” ratificaría los otorgamientos de las licencias entregadas durante la gestión anterior.
Se trata de los permisos que recibieron las plantas pesqueras: Consermar de Trelew, EPSA de Puerto Madryn y Bonasur de Rawson; como así también los permisos de pesca artesanales que beneficiaron a Luez SRL, Mar Perlado SA y Madryn Pesquera SA, y el denominado sexto VACOPA que fue asignado a la empresa Cabo Vírgenes.
En esta instancia, la Corte de Chubut conmina a la Secretaría de Pesca a entregar toda la información obrante respecto a cada uno de estos permisos en cuestión. Ninguna de las resoluciones que permitieron la asignación de esos permisos fueron publicadas en Boletín Oficial.
Esta sentencia abre la posibilidad de que se promuevan diferentes acciones judiciales planteando nulidades o cuestionamientos sobre la transparencia del método discrecional y presuntamente arbitrario para tales otorgamientos, por lo que no se descarta que se esté a las puertas de un largo camino de litigiosidad.
El fallo firmado por Bustos y Vivas sostiene que «de las constancias de la causa surge que la parte actora Agropez SA promovió la acción de amparo a fin de que se condene a la Secretaría de Pesca a dar cumplimiento con la obligación expresada en la Ley I N° 156 y le permita acceder a las actuaciones administrativas donde se otorgaron los permisos de pesca con referencia a la Ley IX N° 157, tal como fue solicitada en la nota presentada el 17 de octubre de 2023».
Casi en simultáneo que se conocía esta sentencia, circularon borradores de los acuerdos transaccionales que la Secretaría de Pesca de Chubut busca celebrar con las empresas que la gestión anterior les entregó esos permisos, ya que el Gobierno provincial les dio prioridad para quedarse con las licencias si a cambio se allanaban a pagar una suma determinado de dinero, pagaderos en 36 cuotas. Y, hasta habrían barajado la posibilidad que las empresas beneficiadas con estos permisos se hicieran también de cupo o cuota social de captura, pero finalmente habrían descartado esa alternativa.
Fuente: Revista Puerto