lunes, 11 de noviembre de 2024

La vicepresidenta reivindicó su decisión de aceptar el tratamiento del DNU, se opuso a que los militares intervengan en la lucha contra el narcotráfico y criticó la designación de Ariel Lijo como candidato a la Corte.

 

La vicepresidenta Victoria Villarroel defendió su actuación en la aceptación del pedido de la oposición para que se trate en el Senado el mega DNU 720/23, que terminó en un revés para el Gobierno: “Esto no es un reino, esto es un poder”

“Acá está en juego la institucionalidad. Esto no es un reino, este es un poder. Y es un poder deliberativo. Yo no puedo hacer lo que se me canta en esta casa”, insistió Villarruel.

Y siguió, en esa línea: “En esta casa se dirimen las leyes que van a regular la vida de tus hijos, de tus nietos, de cualquiera de los argentinos y extranjeros que viven en este país. Entonces, esto tiene que funcionar, se tienen que debatir las leyes y yo tengo que arbitrar eso. Yo no soy senadora, yo siempre digo soy un árbitro, pero tengo que facilitar esa situación. El DNU ya tenía varios pedidos de muchos senadores para que se tratara. Entonces, puedo, por supuesto, buscar el momento, pero a partir del momento en que las sesiones ordinarias ya se habían abierto, no puedo estar eternamente reteniéndolo”.

Respecto de Lijo cuestionó su actuación en distintas causas, sobre todo “una que conozco de cerca”, que es que tenía de acusados a distintos dirigentes montoneros por el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci.

“No me gustó cómo actuó en la causa Rucci. La causa por el asesinato de José Ignacio Rucci está en su juzgado y ahí Roberto Perdía, que acaba de fallecer en presunción de inocencia, fue un terrorista, fue dirigente de Montoneros y tendría que haber respondido por el asesinato de quien fue uno de los pocos sindicalistas que realmente nos da orgullo en la República y por qué Lijo actúa mal, porque facilitó que la causa esté en un limbo eterno”.

Contra Espert, por dos
El trazado de sus diferencias con Milei, que atravesó toda la entrevista, no dejó afuera ni siquiera a los más estrechos laderos del Presidente, como José Luis Espert, a quien cruzó en dos temas sensibles: por un lado, se opuso a su llamado a una rebelión fiscal contra la provincia de Buenos Aires, que contó con el apoyo de Milei, ya que “no es un ciudadano común” para decir eso.

Y también lo atendió por las sospechas que levantó el diputado acerca de su lealtad con el primer mandatario. “La verdad que no me gustó. ´Si no sabés, ¿para qué opinás? ¿Me viniste a preguntar algo?. ¿Hablaste conmigo en estos últimos meses?’ No, entonces… No sé, medio como que me pareció la típica frase así petardera. ¿Qué voy a querer desestabilizar? Si yo estoy en este gobierno, estamos todos del tomate…”

Villarruel no disimuló ninguna diferencia con el presidente Milei, aunque insistió en su relación era buena. Se mostró en contra de la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, pese a que el primer mandatario impulsa una ley para que puedan hacerlo y cuestionó, además, la designación, por parte de la Casa Rosada, del juez Ariel Lijo, como candidato a cubrir una de las dos vacantes en la Corte Suprema.

Sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la represión al narco dijo que los militares no estaban para actuar contra civiles, y los narcos, en definitiva, lo son, además de que recordó el resultado que, con cárcel incluida, obtuvieron los militares que actuaron en la represión a la subversión.

Villarruel recordó que en los 70 se combatió el terrorismo. “¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”, se preguntó y contestó la presidenta del Senado. “A mí me parece que si vos vas a enviar a un agente del Estado a luchar contra un terrorista, un narco-terrorista o lo que vos consideres, primero el plexo legal actual no te lo permite. Los militares solo pueden combatir dentro de nuestro país ante una declaración de estado de sitio oante un enemigo del exterior, o sea, un extranjero, un Estado extranjero”, explicó.

“Si vamos a modificar la ley, también tienen que hacerse responsables aquellos que son funcionarios civiles y que dan la orden. Los agentes del Estado tienen que tener en claro que, en caso de repeler una acción armada de narcoterrorismo o terrorismo, un crimen organizado o cualquiera de las nuevas amenazas, van a tener el respaldo del Estado en la orden que se les está impartiendo. Porque si no pasa lo que pasó después, con respecto a la década del 70, que un gobierno democrático había dado una orden y luego esos agentes del Estado fueron indultados y hoy, por ejemplo, tenés gente que está pagando penas de prisión más gravosas que las que pagó en su momento Videla, Massera…”

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