En 1975, las bandas parapoliciales inclinaron su poder de fuego sobre organizaciones obreras del “cordón rojo” del Litoral. Querían limpiar las fábricas de “subversivos, disolventes e infiltrados”. El sindicalismo ortodoxo estaba perdiendo el control en las comisiones internas y las seccionales gremiales. El costo de vida rondaba el sesenta por ciento anual y el desfase de los salarios acrecentaba la tensión. Isabel había reabierto las discusiones paritarias que habían sido clausuradas por el Pacto Social.
En Santa Fe, el epicentro del conflicto se focalizó en Villa Constitución. Los sectores combativos lo consideraban la continuidad del proyecto que se había truncado en Córdoba con la destitución de Obregón Cano. En noviembre de 1974, una lista pluralista -marxistas, montoneros, radicales y socialistas, entre otras agrupaciones-, conducida por Alberto Piccinini, había ganado la seccional metalúrgica. Sus reivindicaciones laborales, además de la convocatoria a “unir las luchas de todo el pueblo”, se convirtieron en una amenaza no solo para los empresarios sino también para la dirección central de la UOM de Lorenzo Miguel.
Una de las plantas metalúrgicas de Villa Constitución era Acindar. Tras el triunfo de Piccinini, la empresa denunció la existencia de un “complot” subversivo contra el gobierno nacional y esta afirmación fue avalada por el ministro del Interior Alberto Rocamora, que decidió la intervención de la seccional de la UOM local y designó a un militar para desarmar “el complot rojo contra la industria pesada del país”.
El 20 de marzo de 1975, se montó un operativo represivo sobre la ciudad. Más de cien vehículos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, inteligencia militar, parapoliciales y grupos de choque sindical partieron desde Buenos Aires y ocuparon la ciudad. En pocos días produjeron alrededor de trescientas detenciones, incluida la comisión directiva de la UOM. Por las noches, autos Ford Falcon sin identificación, algunos de los cuales proveía la empresa Acindar, realizaban allanamientos y secuestros. Los presos fueron trasladados a distintas cárceles del país. Fueron torturados. También hubo desapariciones y asesinatos.
Con la colaboración de la empresa, las “fuerzas de choque” convirtieron a Acindar en una fortaleza militar. En el “albergue de solteros” instalaron un centro de detención clandestino y allí alojaron a trabajadores, que encapuchaban e interrogaban. La empresa se ocupaba de realizar pagos extraordinarios al personal policial que llevaba adelante los operativos de secuestros.
El Partido Justicialista y la UCR nacional avalaron la “ocupación militar” con el argumento de que “la guerrilla había entrado a las fábricas” y la conflictividad obrera, que reclamaba el aumento de las remuneraciones que habían quedado rezagadas por el impacto inflacionario, “respondía a la subversión”.
Frente a las detenciones, los secuestros y asesinatos, los obreros de Acindar iniciaron una huelga de brazos caídos que produjo más detenciones. Contaban con la Ley de Seguridad para consumarlas. Muchas empresas de Villa Constitución y otras localidades del cinturón fabril se solidarizaron. De inmediato se organizaron comités de lucha, comités de barrios, se hicieron manifestaciones populares, paros de distintos sectores, mientras aparecían en las calles cadáveres de obreros secuestrados y otros morirían por la represión policial.
Pero la “resistencia social”, que contó con el apoyo de grupos locales de la UCR, el PDP, el MID y distintas variantes del socialismo y el comunismo, e intentó enfrentar la ofensiva de la alianza del gobierno de Isabel, el PJ, Acindar, la UOM, la CGT, las fuerzas de seguridad y los parapoliciales se fue erosionando. También la huelga declinó. Sumida progresivamente en el aislamiento, el 19 de mayo de 1975, por voto mayoritario de la asamblea, fue levantada. Los trabajadores volvieron a sus tareas.
Con la toma de Villa Constitución se fue instalando en el escenario político la idea de combatir la “subversión fabril”. La represión se extendió hacia otras empresas como Somisa, Astarsa, Mercedes Benz, Ford, Dálmine Siderca, con secuestros y asesinatos provocados por grupos parapoliciales y detenciones por la Ley de Seguridad. Sería un anticipo de la colaboración de empresas con fuerzas militares y elementos de represión ilegal que resultaría más evidente y feroz a partir del golpe de Estado de 1976. A partir de entonces, el presidente de Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz, sería designado ministro de Economía por las Fuerzas Armadas. Su política económica no podría implementarse sin otra que no fuese represiva.
Texto de “Los 70 una historia violenta” – Marcelo Larraquy