La transición hacia las renovables es un proceso necesario pero peligroso. De cara a la demanda energética para promover economías baja en carbono, Argentina ha cometido un error histórico: ahora nos estamos quedando sin agua. La explotación del litio en uno de los salares más importantes del mundo, Salinas Grandes, está ocasionando una crisis hídrica que afecta a las comunidades de Jujuy desde el 2000, aproximadamente.
La explotación del litio está reduciendo el agua subterránea
La región de Jujuy es rica en salares que concentran diferentes minerales, aunque son fuentes ricas en litio. Son ecosistemas acuáticos-conocidos como humedales- muy frágiles a la intervención industrial, que albergan una singular e importante biodiversidad, así como agua dulce en los bordes de la salina.
En su interior también hay salmueras con altas concentraciones de litio disuelto. La explotación de litio se hace perforando la salmuera y luego se expone al sol para que se evapore el líquido y concentre los componentes de interés.
Clima Tracker afirma que por cada tonelada de litio se evaporan cerca de dos millones de litros de agua salada, pero también disminuye el agua dulce fuera de los bordes de la salina. Gracias a esto es como comienzan a desaparecer vegas y lagunas, principal recurso hídrico de las comunidades de Jujuy y de la fauna de la región.
Desde el 2000, las comunidades indígenas de Jujuy están manifestándose contra la explotación del litio debido a que está provocando escasez de agua en la región y esto goza del amparo del gobierno provincial.
Criminalización en nombre de la transición energética
El gobernador Gerardo Morales impulsó una reforma que no reconoce la legislación internacional en materia de derechos indígenas, incluyendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según tal legislación, los pueblos indígenas tienen el derecho a la consulta libre, previa e informada acerca de proyectos a desarrollarse en sus territorios ancestrales.
Esta reforma habría sido aprobada el 16 de junio de 2023, mediante un proceso en el que no participaron los pueblos indígenas. El texto constitucional le abre las puertas a la megaminería —incluida la de litio— bajo el amparo de la transición energética. Pero en virtud del cambio, criminaliza la protesta y aprueba la privatización tanto del agua como de las tierras indígenas.
Los pueblos originarios de Jujuy han denunciado que la explotación del litio en la provincia profundizará la crisis hídrica que allí se vive. Jujuy, por su condición geográfica, depende del agua dulce que se forma en los bordes de los salares y de las lagunas que se forman de manera natural gracias a la lluvia.
“Para producir una tonelada de litio (a través del método de evaporación), se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular”, señala Ingrid Garcés, docente del Departamento de Ingeniería Química y Procesos de Minerales de la Universidad de Antofagasta, en Chile.
Esto «es rentable para la industria porque significa un proceso sin costo de energía, pero lamentablemente tiene el costo de la pérdida de agua de un sistema que no es renovable, más es una región desértica» (como es la de los salares).
Según AIDA, la reforma constitucional en Jujuy pone al mismo nivel el consumo humano y el industrial, a pesar de que este último amenaza a aquél y a la fauna del lugar. El acceso al agua es limitado debido a que hay pocos acuíferos para satisfacer la demanda de uso doméstico y humano para la producción agrícola y ganadera a pequeña escala.
El consumo del agua potable por la actividad minera tal como se plantea en la reforma constitucional, nos está dejando a todos sin agua.
Fuente: eldiario24.com