La crisis estructural de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson quedó nuevamente expuesta este lunes, cuando el interventor de la entidad, Juan Manuel Ibáñez, confirmó que el 80% de lo que se recauda por facturación se destina al pago de sueldos, y que no hay fondos suficientes para sostener el sistema ni realizar inversiones mínimas. Calificó el escenario como “crítico” y “acumulativo”, con servicios al borde del colapso y adelantó que pedirán al ejecutivo un nuevo incremento de tarifas.
Ibáñez sostuvo que el estado actual es consecuencia de años de tarifas congeladas muy por debajo de los costos reales. “Hasta hace poco se pagaban $2.400 por el agua potable y $2.700 por las cloacas. El kilowatt hora de electricidad costaba apenas $6, el valor más bajo del país”, explicó. En este contexto, señaló que el objetivo de la intervención es “normalizar” la cooperativa con un plan de infraestructura que esté sostenido por una política tarifaria “realista y consensuada”.
Un sistema al borde del colapso
El diagnóstico técnico que difundió recientemente la propia cooperativa no deja lugar a dudas: las plantas potabilizadoras de agua operan con equipamiento envejecido, sin margen de respuesta ante emergencias; el sistema cloacal, con cañerías tienen más de 30 años, está al límite, y cinco estaciones de bombeo -incluida la principal, Vucetich- están en estado crítico. En cuanto al sistema eléctrico, se advirtió que no hay materiales en stock y que desde 2017 no se realizan compras sustanciales para el mantenimiento de postes, cables y transformadores.
Ibáñez confirmó que en los próximos días presentará al Municipio un plan de infraestructura que detallará las inversiones necesarias para sostener y mejorar los servicios. Ese plan irá acompañado de un pedido de aumento de tarifas que aún no tiene un porcentaje definido, pero que, según adelantó, buscará salir del “fondo de la pirámide” en comparación con otras localidades.
El rol del Municipio y el futuro incierto de la intervención
El funcionario señaló que todo el proceso se está desarrollando en coordinación con el poder concedente, es decir, la Municipalidad de Rawson. La paradoja es que la misma administración que pidió la intervención y anticipó la creación de una empresa municipal de servicios públicos ahora deberá decidir si avala o no el aumento tarifario.
“Nuestro desafío es que el vecino vea reflejado en los servicios el aumento de las tarifas. Hay que entender que el peor servicio es el que no se presta”, insistió Ibáñez.
Actualmente, a la intervención le queda un plazo de dos meses más, aunque todo indica que será prorrogada. “Nos conformamos con dejar planteado el problema, con un diagnóstico claro y una hoja de ruta. La implementación será decisión del poder concedente y de las autoridades que continúen”, expresó.
Ibáñez fue claro: “Desde 2017 no se hacen compras importantes de materiales. A veces, otras cooperativas nos prestan lo básico para atender urgencias. Ya no podemos seguir trabajando sobre la urgencia”.
Nota elaborada en base a declaraciones al programa Redacción 20 de LU20