En abril de 2012, el Concejo Deliberante de Comodoro debatió un proyecto avalado por el intendente de entonces, Néstor Di Pierro, que buscaba crear una zona roja, en un sector destinado al asentamiento de burdeles, para que el Estado “pueda fiscalizar y controlar” la actividad.
Según detalló la directora de Salud municipal, Judith Jozami, -autora del proyecto- se pretendía “fortalecer los aspectos sanitarios” vinculados con las mujeres que ofrecen servicios sexuales. Pero también se buscaba generar un atractivo “turístico” para posicionar a la ciudad por sus prostíbulos.
“No sólo es para regular y cuidar sanitariamente, sino que hay muchos países que generan estos espacios que desarrollan también los aspectos turísticos, como Holanda”, indicó la funcionaria municipal.
“Legalizar la prostitución, blanquearla. Y ponerle el marco sanitario que necesita para proteger desde el aspecto de la salud y lo social a quien ofrece sexo retribuido y a quien lo consume”, son los alcances de la propuesta, según explicó Jozami. La funcionaria detalló que su iniciativa “permite que la persona que ofrece servicios haga aportes, tenga obra social, jubilación futura” y a la vez, quien ofrece sexo pago “es quien cobra” para eliminar al proxenetismo.
La noticia generó el repudio de distintos sectores sociales de la provincia y la noticia se hizo eco a nivel nacional, donde los medios reflejaron incrédulos la iniciativa.
En Trelew, la Cátedra Abierta de Género de la Universidad Nacional de la Patagonia, publicó una muestra de repudio, máxime porque se quiere favorecer a los turistas que consumen sexo.
