El contador Miguel Gauna volvió a poner bajo la lupa un cobro que persiste en las facturas de servicios de al menos dos cooperativas de Chubut —Rawson y Esquel—: el denominado Fondo Ley Provincial 1-539. Según explicó, este concepto fue creado en 2014 a partir de un acuerdo entre intendentes de las principales ciudades de la provincia, la Federación Chubutense de Cooperativas y autoridades provinciales. El objetivo original era garantizar la “sustentabilidad y continuidad de los servicios públicos esenciales” en un contexto de emergencia y de congelamiento tarifario.
La Ley 539 estableció un cargo fijo de $22 (en ese momento) y un 35% adicional sobre el total facturado en servicios de agua y cloacas. Los fondos debían destinarse a cubrir déficits operativos y obras, con la obligación de ser rendidos trimestralmente ante un consejo consultivo y los Concejos Deliberantes locales.
Sin embargo, más de una década después, Gauna advirtió que ese mecanismo de control nunca se cumplió. “Es un tributo que se sigue cobrando y que no se sabe a dónde va. La propia Autoridad de Aplicación de los Servicios Públicos de la provincia reconoció por escrito que la ley no se cumplió”, señaló.
El caso más reciente lo expuso un usuario de la Cooperativa de Rawson, que pagó en agosto —por el consumo de julio— $10.417 solo por este concepto. En Esquel ocurre algo similar: la cooperativa 16 de Octubre lo incorporó directamente a la tarifa, sin que se derogara la ley ni se transparentara su destino.
Gauna recordó que la norma incluía a las cooperativas de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson, Sarmiento, Dolavon y Gaiman, aunque no todas lo aplicaron. Algunas lo rechazaron desde un inicio, otras lo cobraron y luego lo dejaron de percibir. Actualmente, dijo, las únicas que lo mantienen serían Rawson y Esquel.
El problema no es solo la falta de rendición. También genera desigualdad entre usuarios de localidades vecinas: mientras en una ciudad el cargo se aplica, en otra —a pocos kilómetros— no existe.
En Esquel, el Concejo Deliberante aprobó en junio un proyecto en el que admitió que “no se conoce con certeza las obras financiadas o planificaciones” con ese dinero, ni hay información pública sobre lo recaudado, su uso o los responsables de administrarlo. Incluso, una diputada provincial habría pedido derogar la norma, aunque para Gauna eso no resuelve el problema: “Derogar la ley no borra las responsabilidades por más de 10 años de cobros millonarios sin control ni destino claro”.
El contador advirtió que las cooperativas, al no rendir los fondos, “se han apropiado de un dinero que no les pertenece, lo que podría constituir un delito tributario”. Y denunció el “pasmoso silencio” de los organismos de control, concejales y legisladores ante un esquema que, según sus cálculos, representó miles de millones de pesos recaudados a lo largo de una década.
Nota elaborada en base a declaraciones al programa Redacción 20 de LU20