Ocho años después del temporal que en 2017 dejó a Comodoro Rivadavia bajo el agua, con miles de vecinos evacuados y pérdidas millonarias, el reclamo por justicia sigue vivo. Natalia Cruz, vecina del barrio Pueyrredón, impulsó junto a otros damnificados una campaña de recolección de firmas que ya reunió más de 1.300 adhesiones. El objetivo: que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut reabra la causa judicial por la emergencia climática, que investiga posibles delitos de corrupción en el manejo de fondos y la ejecución de obras anunciadas pero nunca concretadas.
La causa, que en su momento estuvo a cargo del fiscal Cristian Olazábal, reveló presuntas irregularidades en licitaciones y adjudicaciones de obras hídricas prometidas como solución definitiva a las inundaciones. Entre los imputados figura el exsecretario de Obras Públicas Abel Boyero, quien fue condenado a 5 años en otra causa por hechos de corrupción. Sin embargo, el expediente principal por la catástrofe de 2017 fue archivado años atrás y ahora los vecinos quieren que vuelva a investigarse.
Cruz recordó que su barrio arrastra problemas de inundaciones desde la década del ’90, pero que el temporal de 2017 marcó un punto de quiebre: “Fue de una magnitud crítica que puso en riesgo nuestras vidas. Desde entonces, vivimos con el fantasma de que vuelva a pasar. Cada vez que hay alerta meteorológica, dejamos de trabajar y de hacer nuestras actividades para preparar la casa y ver cómo nos vamos a defender”.
La vecina cuestionó duramente a las autoridades de aquel momento, al asegurar que se anunciaron obras con financiamiento asegurado que nunca se ejecutaron. “Este año nos enteramos que la obra que nos prometieron fue una gran mentira. Nos mostraron un cartel, hicieron licitaciones, dijeron que estaba todo listo… y no hicieron nada. Mientras tanto, seguimos recibiendo aguas servidas dentro de nuestras casas”, denunció.
Cruz destacó el rol del fiscal Olazábal, quien -según explicó- fue el primero en avanzar en la investigación luego de que otros fiscales dieran por cerrado el tema. “Él detectó que había un ilícito por corrupción. Eso es lo que queremos que se investigue a fondo: qué hicieron con los recursos que dijeron que estaban para ayudar a los vecinos en 2017”.
La campaña, que circula bajo el nombre “Vecinos Inundados”, está dirigida a toda la ciudad y no solo a los barrios más afectados como Pueyrredón, Juan XXIII, San Cayetano o Arenales. “Pedimos que se sumen todos los que hayan sido afectados directa o indirectamente. No buscamos fines políticos ni representamos a ningún partido. Yo represento a mis hijos, a mi papá de 87 años, y a todos los que sufrieron y siguen sufriendo cada vez que llueve”, afirmó Cruz.
En 2017, el temporal provocó que barrios enteros quedaran aislados, como Caleta Córdova, y generó daños que, según estimaciones oficiales, superaron los 4.500 millones de pesos de aquel momento. Hubo un muerto y decenas de heridos. Hoy, a ocho años, la ciudad sigue expuesta a episodios similares, mientras los damnificados denuncian que las obras estructurales siguen pendientes.
La vecina advirtió que su reclamo también busca prevenir tragedias como la ocurrida recientemente en Bahía Blanca, donde un temporal dejó víctimas fatales: “Acá también podría volver a pasar. No queremos que nos digan después que fue un hecho aislado. Queremos soluciones reales y que se deje de lucrar con nuestra necesidad”.
La petición puede firmarse de manera virtual y se difunde por redes sociales y WhatsApp. Los vecinos esperan reunir la mayor cantidad de adhesiones antes de presentarla formalmente para que el STJ evalúe la reapertura de la causa.