En febrero de 2004, en los albores de la primera gestión de Mario Das Neves como gobernador, Jorge Miquelarena recorría tribunales y acaparaba cámaras denunciando la existencia de “ñoquis” en la administración pública. Se trataba de una docena de presuntos beneficiarios de contratos estatales sin contraprestación laboral, en su mayoría vinculados a la gestión radical que había administrado los bonos de deuda provincial.
Con un estilo de “fiscal estrella”, una especia de Serpico moderno, Miquelarena buscaba consolidar su perfil político. Por entonces aspiraba a una banca de diputado nacional, aunque finalmente Das Neves y su mano derecha, Norberto Yauhar, le reservaron un cargo más estratégico: la Procuración General de la Provincia. El puesto, mejor remunerado y vitalicio, se convirtió en el refugio desde el cual el exfiscal de Estado se proyectó como un actor clave en el esquema de poder judicial chubutense durante más de dos décadas.
Del discurso anticorrupción al blindaje político
Las declaraciones de aquel verano de 2004 todavía resuenan:
- “Son viejas prácticas nunca resueltas por lo que estamos decididos a terminar con esto”.
- “La intención del gobierno provincial es terminar con los vagos y sinvergüenzas que se llevan la plata a la casa sin trabajar, habiendo tanta desocupación”.
Sin embargo, mientras exhibía mano dura contra los llamados “ñoquis”, Miquelarena avalaba silenciosamente decisiones mucho más controvertidas de la gestión dasnevista: la entrega de concesiones petroleras, los negociados vinculados al desmonte de bosques nativos y el proyecto energético Ingentis, señalados años después como grandes hechos de corrupción del gobierno dasnevista.
Una carrera al servicio de cada gobernador
Desde que asumió la Procuración en 2005, Miquelarena se consolidó como un engranaje indispensable para el blindaje judicial de los distintos gobiernos provinciales. Primero fue funcional al propio Das Neves, luego al exgobernador Mariano Arcioni, y en la actualidad se muestra absolutamente alineado con la gestión de Ignacio Torres, poniéndose a disposición de sus intereses políticos.
En ese recorrido, Miquelarena no actuó solo. Tejió una sociedad con el entonces fiscal de Puerto Madryn, Daniel Báez, con quien manejó con habilidad diversos expedientes. Más tarde sumó al grupo al fiscal Fernando Rivarola, reforzando un esquema de “trabajos” y entendimientos que, según diversas críticas, garantizó acuerdos y flexibilidad en beneficio propio y de sus padrinos políticos.
Lo que comenzó en 2004 como una cruzada contra los supuestos “vagos y sinvergüenzas” de la administración pública terminó derivando en una paradoja: el mismo funcionario que denunciaba a los “ñoquis” se convirtió en uno de los protagonistas más perdurables de la estructura de poder en Chubut, con veinte años de permanencia en un cargo clave y una influencia que atraviesa gobiernos, partidos y coyunturas políticas.
