La Comisión organizadora encargada de la colonización, resolvió en el año 1865, es decir, antes de salir de Liverpool, dejar constituida una comisión colonizadora compuesta de doce miembros y un presidente, que haría las veces de gobernador. Cada miembro se renovaría cada año. Se buscó a los más compenetrados del sentido de la empresa y a los de mente más clara. La Comisión se reunía por lo regular, cada mes y más a menudo si era necesario.
Los galeses a su llegada al Chubut, ya contaban entonces con su propio gobierno. El presidente del Consejo firmaba los estatutos y leyes dadas por éste y se responsabilizaba de su cumplimiento. Tenía, asimismo, la obligación de informar periódicamente al Consejo de la marcha de la Colonia y de las medidas que creía conveniente tomar.
La justicia estaba representada por el Tribunal de Justicia y por el Tribunal de Arbitraje. El primero estaba formado por el juez que entendía en las causas mayores de cinco libras y un jurado compuesto de doce miembros elegidos entre los electores. Este jurado era el que decidía la inocencia o culpabilidad del acusado y la pena que le correspondía. Bastaba las dos terceras partes para tener la decisión final. Esta decisión era entregada por escrito al juez, tras lo cual, el jurado se podía retirar. Eran tan estrictos en esta obligación, que la ausencia injustificada de uno de los miembros del jurado, podía traerle como consecuencia la pérdida de sus derechos civiles y además una multa.
El Tribunal de Arbitraje lo componían el juez, el presidente del Consejo y un funcionario. Entendían en pleitos menores de cinco libras. Este tribunal no imponía por lo general multas mayores de una libra.
Las funciones de la administración recaían en el secretario, un tesorero y un registrador. Apenas pisaron tierra, nombraron secretario y encargado del Registro Civil a Richard Jones Beryn.
Este primer gobierno fue comunal y fue implantado por ellos mismos, según sus viejas y tradicionales costumbres. El Consejo fue día a día mejorando este sistema político, con nuevas leyes que iban agregando para la buena marcha de la justicia, de la educación, marca de animales, riego, comercio, etcétera.
Fueron años que pasaron sin la intervención estatal. Con esta autodeterminación y casi desvinculación del resto de los demás pueblos, ellos se sentían felices. Su acatamiento a esas leyes impuestas por ellos mismos, apenas eran quebrantadas. Poco o ningún trabajo tenían los jueces. Se puede decir que la tranquilidad y el orden fueron perfectos.
Vivían en un territorio donde ondeaba el pabellón argentino, pero la distancia, la idiosincrasia del pueblo galés y su anhelo de libertad, lo iban llevando mientras no encontraran oposición, hacia una vida cada vez más propia e independiente, en lo referente a lo administrativo. Toda esta organización respiraba democracia y hacia ella iban sus miras. Este sistema de gobierno autónomo, duró diez años. Los años siguientes aunque mantuvieron su propio sistema dependieron en cierta forma del comisario nombrado por el gobierno nacional. Los primeros, salvo en algunas ocasiones, trataron de no inmiscuirse en su gobierno y administración.
EL COMISARIO DON AΝΤΟΝΙΟ ΟΝΕΤΟ
Después de la aprobación de ley de tierras del 18 de setiembre de 1875, el gobierno resolvió mandar un representante para que se hicieran cumplir la reforma de la ley de tierras, el reparto del préstamo dado, hacer nuevas mensuras y también por el incremento de la población.
En 1876, se creó una comisaría. Se eligió para ese puesto a don Antonio Oneto. Según nos dice A. Matthews, fue un hombre preparado y perspicaz. Se necesitaba mucha prudencia para imponer las leyes argentinas a gentes acostumbradas durante diez años a gobernarse por sí mismos. Con buen criterio y de acuerdo con las órdenes recibidas, no quiso imponerse. Dejó que los galeses continuaran con su gobierno propio municipal.
Aunque el gobierno nombró al mismo tiempo, un juez de paz y un presidente del Consejo, los cargos recayeron en galeses afincados. Esto se hizo con el fin de que la comunidad siguiera su modo de vida y sus costumbres.
El comisario Oneto traía en su bolsillo las normas a seguir. El jefe de la Oficina de Inmigración, señor Juan Dillon, le recomendaba que reconociera y mantuviera todo como lo encontrara. Su acción debía limitarse a dar un informe detallado de todo lo que allí viera. Al gobierno correspondería después tomar las medidas que creyera más convenientes.
La autoridad del Consejo y la del comisario, no tardaron en enfrentarse. Tanto el uno como el otro, se acusaron de abrogarse poderes e invadir la autoridad de cada uno.
Este primer choque entre el comisario Oneto y los funcionarios galeses, se debió al asesinato cometido por el súbdito francés Poirier, contra el piloto local, Charles Lynn. Según Lewis Jones, el asesino fue apresado por hombres de la Colonia y debía ser juzgado de acuerdo con los procedimientos británicos.
Oneto, por su parte, exigía la entrega del prisionero y rechazó con justa razón las pretensiones de los galeses de juzgarlo según sus tradicionales leyes. Las razones expuestas por Oneto eran razones justas y basadas en que el hecho había sucedido en territorio argentino. Según este funcionario y según el código argentino, a todo hombre le cabe el derecho de ser juzgado por un tribunal competente, le cabe, asimismo, apelar a la Corte Suprema y como último recurso, interceder ante el Presidente, su indulto.
Los colonos no querían aceptar esta situación. Para ellos fue un avasallamiento de sus derechos y por no ofender a las autoridades superiores, el prisionero fue entregado al comisario Oneto. No juzgamos si en el juicio se le aplicó el castigo merecido, para ello habría que interiorizarse del mismo y éste no es nuestro problema. Pero sí hacemos destacar que el comisario Oneto sabía ser firme en las cosas que le parecían legales y justas.
El comisario Oneto en cumplimiento de las órdenes recibidas, expuso al superior gobierno su opinión sobre qué convenía hacer en el futuro en la Colonia. Hasta que él ocupó el cargo de comisario, no habían tenido “una administración reglamentaria y que siempre había sido contraria a las leyes nacionales”. Por lo tanto, según él, se hacía necesario solicitar al Poder Ejecutivo diera las órdenes pertinentes para organizar los municipios, crear un tribunal de justicia nacional, crear escuelas con un maestro y una maestra nacionales capacitados, para que los niños nacidos en territorio argentino, no desconocieran la lengua de su patria, y un médico. Al mismo tiempo, creía prudente el envío de más fuerzas para el mantenimiento del orden.
Fragmento del libro “La colonización galesa en el valle del Chubut”, de Bernabé Martínez Ruiz