La CGT es intervenida por la Marina. El interventor es el almirante Alberto Patrón Laplacette. Son designados interventores de todos los sindicatos, oficiales de las tres armas. Quedan inhabilitados 150.000 delegados de fábricas. No podrán por tal causa ser elegidos en las futuras elecciones gremiales.
Los gremialistas “amarillos” y los stalinistas intentan asaltar locales sindicales con la benevolencia policial. Los exlegisladores peronistas son detenidos, lo mismo que los dirigentes y exministros de ese movimiento. En una campaña de infamación colectiva análoga a la desencadenada al caer Yrigoyen, se anuncian toda suerte de escándalos administrativos y delitos comunes cometidos por el expresidente y sus colaboradores. Con grandes titulares se informa el descubrimiento de veinte millones de dólares en “efectivo”, catorce cajas de cubiertos de oro, dos recipientes con monedas del mismo metal y dieciocho millones de pesos en moneda argentina, en la residencia presidencial. Otro diario anuncia, escandalizado, que serían ciento veinte millones los que se descubrieron abandonados por Perón en su huida. Todo lo cual se reveló falso al poco tiempo, como las cuentas numeradas de Perón en Suiza. Pero como la verdad había pasado a la clandestinidad (hasta hoy), nadie tenía interés en publicar nada. Se imputan a Perón toda suerte de crímenes contra la moral privada y la virtud de las chicas de la Unión de Estudiantes, y desfalcos inmensos contra la Nación. El renacido periodismo del viejo orden se solaza en la difamación.
El país se convierte en una prisión. Perón había ordenado la clausura del dantesco penal de Ushuaia; la Revolución Libertadora lo reabre y encierra en el lejano sur a los peronistas. Se disuelve el Partido Peronista, se cierran locales y se juzga públicamente a sus miembros como delincuentes. El almirante Rojas, con su equívoca sonrisa, preside una Comisión Especial de Investigaciones, destinada a probar las fechorías del peronismo. Así se viola la sagrada toga de la Justicia y la pureza de la Constitución que prohíbe taxativamente las “comisiones especiales”. Es la gran hora del Alcahuete Democrático.
Los diarios de la cadena oficial (Democracia, El Laborista, La Época, El Mundo, etc.) son repartidos generosamente entre grupos afectos a los partidos amigos.
Dicha prensa, con los mismos empeñosos periodistas en su mayoría, agobia a la República con su servilismo a los militares triunfantes, similar a la docilidad de esa prensa hacia el gobierno peronista de la víspera. Perón había procesado por desacato a todo aquel que osara criticarlo. Ahora, el destino le juega una broma cruel al General. Su nombre será prohibido durante años en la prensa. Se lo menciona tan sólo para injuriarlo. El decreto 4.161 invierte en contra de Perón sus anteriores medidas contra los antiperonistas. Los diarios difunden la especie de que en los padrones que se utilizaron en las elecciones anteriores, y que dieron la victoria al peronismo, figuran inscripciones dobles y falsos domicilios. La Confederación General Económica es intervenida y se «comprueban irregularidades en la construcción de la usina de San Nicolás». Es suprimida toda voz peronista, oral o impresa. Todo el Poder Judicial es declarado en comisión.
Miles de peronistas fueron a las prisiones. El “país real” había enmudecido, salvo el periódico forjista-peronista El 45, que inspiraba Arturo Jauretche, o Lucha Obrera, de orientación socialista nacional. Este último fue clausurado por el virtuoso doctor Busso, ministro del Interior y Justicia, en febrero de 1956. Era la ética en persona este vertiginoso abogado. Había nombrado en la Justicia a todos sus amigos como jueces, en particular en el juzgado donde se litigaba el fabuloso divorcio del multimillonario Vlasov, cuyo abogado era ¡Busso! Tal era su estilo, que lo hizo célebre y rico a la vez.
Dos hombres duros ejercen poderes extralegales en el elenco gobernante. Uno de ellos es el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires. Se trataba de la misma persona que diez años antes había proferido, ciego de ira, la propuesta de matar a Perón, ofreciéndose para hacerlo él mismo, durante las jornadas del 10 al 17 de octubre. El otro es el general Cuaranta, simple de espíritu y, en compensación, algo rudo, de alma vengativa, siempre dispuesto a hacer el mal sin mirar a quién. Ambos funcionarios desempeñarán un papel particularmente llamativo en los crímenes de la Revolución Libertadora.
Fragmento del libro “Revolución y contrarevolución”, de Jorge Abelardo Ramos