La represión ilegal desde el Estado dio un paso clave con el reingreso del comisario Alberto Villar a la fuerza jefe de la brigada de custodia presidencial en los años cincuenta y luego se había formado en las doctrinas militares de la Escuela Francesa, con cursos en París impartidos por la Organisation de l’Armée Secrète (OAS). Villar había enfrentado con la infantería a sindicatos clasistas en tiempos de Lanusse, había ordenado a las tanquetas irrumpir en la sede del Partido Justicialista cuando se velaban los cadáveres de los fusilados por la Armada en la base de Trelew, en agosto de 1972, y había sido puesto en disponibilidad por tomar una comisaría en Córdoba (intentó recuperar un expediente que comprometía su accionar). Al asumir Cámpora, ya retirado, Villar había montado una agencia de seguridad con más de cien hombres. Se llamaban Los Centuriones. Estaban preparados para “tareas especiales”.
Perón reintegró a Villar como subjefe de la Policía Federal. Y también decretó los ascensos del comisario Juan Ramón Morales y del subinspector Eduardo Almirón, quienes habían reingresado en la fuerza por decreto de Lastiri e incorporados a la custodia de López Rega. De esta forma, dos miembros de la Triple A se integraban al Estado y ascendían de grado con dos decretos presidenciales, el de Lastiri y el de Perón, en octubre de 1973 y febrero de 1974.
Un día después de la asunción de Villar en la subjefatura, apareció la primera lista de “condenados” por la Triple A, con la promesa de matarlos donde se los encontrara. Incluía al obispo Enrique Angelelli, al peronista Julio Troxler, al montonero Roberto Quieto, al intelectual Silvio Frondizi, entre otros.
La Triple A ya había hecho su primera intervención hacía apenas dos meses, con una bomba en el Renault 6 del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, que se oponía a un proyecto de ley sindical que centralizaba la recaudación de las obras sociales e impedía la democratización en los gremios. El jefe de los metalúrgicos, Lorenzo Miguel, lo había calificado “el enemigo público número uno de la clase obrera organizada”.
Al ingresar en el garaje donde guardaba su auto, el senador radical voló por los aires luego de que explotara la bomba que el grupo terrorista de ultraderecha le colocara en su auto. La bomba plástica, que explotó cuando puso en marcha el auto, le provocó quemaduras en las piernas. Media decena de operaciones permitieron salvar su vida, aunque debió pasar meses en silla de ruedas para luego usar muletas y, finalmente, usar un bastón.
Era el primer atentado firmado por la Triple A, cuya existencia hasta ese momento se desconocía. Sin embargo, el clima de violencia contra los “marxistas”, “bolches” e “infiltrados” ya estaba instalado con bombas, ametrallamientos e incendios contra unidades básicas de la JP y domicilios o automóviles de dirigentes de la Tendencia. Y también con secuestros o crímenes, como el del bioquímico Constantino Razzetti (JP) cuando regresaba de un acto partidario en Rosario; el del periodista José Colombo, del periódico El Norte, de San Nicolás, o el del obrero José Contino, del Peronismo de Base, secuestrado, torturado y encontrado muerto en un baldío de Córdoba.
Con el reingreso de Villar en la Policía Federal, ahora los miembros de la institución policial tenían vía libre para involucrarse en la Triple A y actuar a la luz del día en el servicio público y por las noches, en la represión clandestina, metodología que ya ejercían los miembros de la custodia de López Rega o los grupos de la ortodoxia juvenil que habían encontrado refugio en el Ministerio.
Fragmento del libro “Los 70, una historia violenta”, de Marcelo Larraquy.