En Tucumán, el general Antonio Bussi, que había reemplazado en el Operativo Independencia a Acdel Vilas (enviado a la Zona 5, con asiento en Bahía Blanca), continuó con el plan represivo de su predecesor, ahora como interventor a cargo del gobierno de la provincia. Cuando le entregó el mando, Vilas le dijo: “La subversión armada ha sido total y completamente derrotada”.
Después, Bussi, en una comunicación telefónica, le diría: “Usted no me ha dejado nada por hacer”.
Durante el mandato de Bussi desaparecerían 638 personas. Entre ellas estaba el senador del FREJULI, licenciado en física Guillermo Vargas Aignasse, detenido el 24 de marzo de 1976 y alojado en la cárcel de Villa Urquiza, en el sector E, conocido como “el pabellón de la muerte”.
El día 5 de abril Vargas Aignasse fue retirado de la unidad penal en un simulacro de “liberación” y, aunque luego fue visto en el centro clandestino de la Jefatura de Policía y del Arsenal Miguel de Azcuénaga, nunca más apareció.
Vargas Aignasse fue enterrado en un pozo de agua que servía para abastecer las locomotoras de vapor, una fosa común denominada “El Pozo de Vargas”, a 50 metros de profundidad. Sus restos fueron identificados en 2011 junto a otros 15 cuerpos. Bussi y Menéndez habían sido condenados en 2008 por esta y otras desapariciones.
También había crímenes como el de Ángel Pisarello, de 60 años, titular de la UCR de Tucumán, defensor de presos políticos en la provincia. Era uno de los últimos abogados que presentaba hábeas corpus por casos de desapariciones. El resto de sus colegas ya había sido secuestrado o estaba muerto.
Después de las bombas en su casa y en la sede partidaria, Pisarello fue llevado de su domicilio el 24 de junio de 1976. Una semana después su cuerpo sin vida aparecería con signos de tortura, con las manos atadas, en un tacho de basura de Santiago del Estero.
Bussi, valiéndose de brigadas de quince o veinte miembros -militares, gendarmes, policías federales y provinciales, miembros del servicio penitenciario y civiles-, también había ordenado el secuestro y muerte de funcionarios y legisladores del período constitucional en la provincia: Juan Tenreyro, secretario de la gobernación; Dardo Molina, presidente del Senado provincial; Bernardo Villalba, diputado nacional; Damián Márquez, senador provincial; Raúl Lechessi, diputado provincial, y José Chebaia, secretario de Planeamiento, entre otros.
Una de las características de Bussi en el centro clandestino del Arsenal Miguel de Azcuénaga, que visitaba con frecuencia, era hacer formar a los prisioneros con los ojos vendados y las manos atadas y efectuar el primer disparo en la nuca, delante de la plana mayor de Ejército y sus subalternos. Luego continuaban ellos. De esta manera refrendaba el pacto de sangre que los unía. Un gendarme declaró a la justicia que de ese modo Bussi asesinó a la adolescente Ana María Corral, de 16 años.
Fragmento del libro “Los 70, una historia violenta”, de Marcelo Larraquy.