El abogado laboralista Jorge Echelini advirtió que, hasta el momento, no existe un texto oficial de la reforma laboral anunciada por el Gobierno. “Lo primero que tenemos que decir es que no hay un proyecto escrito, o por lo menos no hemos tomado conocimiento. Muchas veces lo que se anuncia después se le quiere ver cómo está escrito en el papel”, señaló.
Según explicó, la información disponible proviene de declaraciones de funcionarios y de un borrador elaborado por La Libertad Avanza antes de las elecciones, al que calificó como “viejo” y poco representativo del debate actual.
Echelini identificó dos ejes centrales en los lineamientos difundidos por el oficialismo:
Negociación colectiva por empresa
Uno de los puntos más sensibles sería la posibilidad de habilitar negociaciones colectivas por empresa, sin la intervención del sindicato, algo actualmente vedado por la Ley 14.250.
“Esto implicaría romper la unicidad de los convenios por actividad y generar pequeños convenios por cada empresa”, explicó el abogado, lo que a su juicio podría modificar profundamente el esquema de representación sindical y los equilibrios en la negociación laboral.
Esquema flexible de jornada
Otro de los cambios propuestos apunta a instaurar un régimen más flexible de jornada de trabajo. Echelini detalló que el modelo se basa en una “bolsa de horas”, donde las empresas podrían distribuir las cargas laborales en períodos de uno, dos o tres meses, en lugar de calcularlas por día o por semana.
De este modo, las compañías podrían reorganizar los turnos “sin necesidad de pagar horas extras” mientras se mantenga el límite de horas en el trimestre. “Se ofrece mayor flexibilidad de acuerdo a la disponibilidad de trabajo”, resumió.
Salarios por productividad y antecedentes históricos
Una tercera línea de la reforma contempla el pago de salarios en función de la productividad, una idea que —recordó— tiene antecedentes en los gobiernos de Agustín P. Justo y Juan Domingo Perón.
Sin embargo, Echelini advirtió que este tipo de esquemas “fue en el pasado fuente de una conflictividad muy grande”, y subrayó que su eventual implementación “dependerá mucho de cómo se redacte”, ya que las negociaciones podrían derivar “en acuerdos a la baja”, tal como ocurrió en otras épocas.
Riesgos de aplicación y efectos sobre las PYMES
El especialista también advirtió que, si la reforma se deja sujeta a la “disponibilidad colectiva” de los convenios, podría no aplicarse en la práctica. Citó como ejemplo la Ley 27.742, que permite alternativas al régimen de indemnizaciones, pero que “tras un año no fue incorporada por ningún convenio colectivo”.
En cuanto al impacto económico, Echelini expresó su temor de que los beneficios se concentren en las grandes empresas y no en las pequeñas y medianas. “Yo lo que temo es que tengamos una reforma laboral para las empresas que califican para el RIGI, por ejemplo, y no para las PYMES”, sostuvo.
Por eso propuso avanzar hacia un estatuto específico para las PYMES, con un régimen laboral diferenciado que contemple indemnizaciones más flexibles y modalidades adaptadas a su realidad. “La PYME es la más golpeada, y la que más sufre la estructura rígida de la Ley de Contrato de Trabajo, que fue creada en 1974 para la industria”, señaló.
Como único alivio actual, mencionó la posibilidad de pagar indemnizaciones en 12 cuotas, aunque consideró que se trata apenas de “un parche” y no de una solución estructural.