Desde el día del secuestro de Ibarzábal, su familia vivió un verdadero calvario. El PRT reclamaba un canje de prisioneros como los que había ensayado en tiempos del gobierno militar, tal como lo testimonió Luis Mattini al Centro de Documentación e Información del Instituto Gino Germani, pero el Estado defendía la postura de no negociar con terroristas.
El sábado 16 de febrero de 1974, el PRT-ERP difundió una “Resolución del Estado Mayor del ERP” en la que se otorgaba un plazo de cuarenta y ocho horas “para responder sobre el estado en que se encuentran los compañeros Antelo y Roldán” (supuestos desaparecidos). Concluido el plazo, “si no se registrara respuesta, será ejecutado el teniente coronel Ibarzábal por recaer en su persona la responsabilidad de ser el jefe de la Institución Militar que viola los más elementales derechos humanos, negando los convenios internacionales firmados en Ginebra”. Horas más tarde, la organización armada, ante una respuesta telefónica que le habría dado el comandante general del Ejército (“el Ejército solamente daba cuenta de la detención de Santiago L. Carrara, herido, y Guillermo P. Altera, muerto”) resolvió suspender la ejecución de Ibarzábal. Insólita fue la conclusión que se sacó tras la aclaración: “De acuerdo a lo informado por el Ejército Argentino, se aplicará la justicia popular sin juicio sumario a la Policía Federal y a sus organismos especializados en torturas”.
En Estrella Roja del 4 de marzo de 1974 se publicó una conferencia de prensa de los miembros de la conducción del PRT-ERP, Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, José Manuel Carrizo y el Gringo Menna, en la que se intentaron explicar las causas de la muerte de la esposa del coronel Gay: la culpa había sido de los militares. En el mismo ejemplar se imprimió un largo artículo sobre el “canje de prisioneros y respeto a los combatientes” durante la Guerra de la Independencia de América Latina, firmado por todas las organizaciones de la Junta Coordinadora Revolucionaria. Desde el 19 de enero hasta el 19 de noviembre de 1974, Ibarzábal permaneció en una “cárcel del pueblo”. Pudo comunicarse con su familia con la condición de que hiciera mención al pedido de canje. Su familia le respondía a través de avisos en los diarios. En su primera carta manuscrita -que se publicó en El Mundo- decía que estaba en una “cárcel del pueblo en calidad de prisionero de guerra de un ejército enemigo y sujeto a las mismas normas establecidas en Ginebra para estos casos”. Agregando: “En la ‘cárcel del pueblo’ me tratan con corrección y mi estado de salud actual es bueno”. En otra, firmada en marzo, le decía a su esposa: “Te pido le hables a ‘Manolo’ Rodríguez para que por intermedio de sus amistades políticas y de otro orden procure que se haga un canje entre quienes estamos prisioneros del ERP y los miembros de ésta organización que están a disposición de la Justicia. Lo mismo puedes pedirle al Petiso Serdá, a Alfredo Ávalos y Tisi”.
En otra misiva más, de abril, se dirige a su esposa y a sus hijos: “Sé que los he dejado en una situación difícil y mi amargura es no saber cómo se las arreglan, ni poder hacer nada para ayudarlos … Hace unos días he leído una revista deportiva en la que vi a Anaya presenciando el partido Boca-River. Te podrás imaginar mi querida Nelly, el dolor inmenso que ello me causó, pues yo tenía la ilusión de que este señor destinara sus momentos, o parte de ellos, a tratar de recuperar a los jefes que estamos en ésta situación. Me parece que su conciencia no le reprocha nada, pues seguramente debe desconocer -a pesar de su jerarquía- las más elementales normas del ejercicio del mando”. A pesar de esto, no estaba solo. El 5 de septiembre, Adolfo Mario Savino, ministro de Defensa, le escribe a la señora de Ibarzábal: “Necesito señalarle, para atemperar con la seguridad que le proporciono la dimensión de su angustia, que en la agenda de trabajo de este ministro, así como en las metas de trabajo de cada hombre de seguridad, figura como un compromiso de honor restituir a su hogar a su esposo y dar condigna sanción a los responsables del execrable delito”.
El 19 de noviembre, aproximadamente a las 19 horas, en un control de ruta que se realizaba en las calles Donato Álvarez y San Martín, en la localidad de San Francisco Solano, se observó una caravana integrada por una camioneta Rastrojero, un Ford Falcon celeste y un Chevrolet blanco, que trató de evitar una inspección policial. Los tres móviles fueron interceptados y se produjo un fuerte tiroteo del que huyeron entre diez y doce terroristas que conformaban el grupo. Los tres ocupantes de la camioneta lograron escapar y el último en abandonarla efectuó tres disparos en el interior de la caja. Cuando se revisó el Rastrojero abandonado se encontró un armario metálico de 1,65 metros de alto por 65 centímetros de ancho volcado en el piso, con su puerta abierta. En cuyo interior yacía un hombre con los ojos tapados con cinta adhesiva y tres impactos de bala realizados a corta distancia. Era el teniente coronel Ibarzabal, que había sido asesinado a quemarropa por un revólver calibre 357 Magnum de Smith & Wesson. El informe policial del hecho expuso que dentro de la camioneta también encontraron una carpa de campaña, elementos de comunicaciones y sanidad, documentación de la organización, una ametralladora Browning calibre 50 y “una cédula a nombre de Gustavo Sergio Licowsky (‘El Polaco’), presumiblemente el autor de los disparos contra el jefe militar”. Horas más tarde, la policía encontró el lugar hacía donde se dirigía la caravana, cerca de la avenida Calchaquí.
El coronel Ibarzábal asesinado
Los restos de Ibarzábal fueron velados en el Regimiento Patricios y enterrados en el Panteón Militar de la Chacarita. Corría noviembre de 1974. Juan Domingo Perón había muerto y fue reemplazado por su esposa María Estela Martínez. En nombre del Ejército habló el director de la Escuela Superior de Guerra, general Osvaldo Azpitarte. Entre otros párrafos destacados por la prensa, Azpitarte dijo: “Pienso que no está lejos el día que la Patria nos reclame para acudir en su defensa…”. Una carta manuscrita por el teniente general Juan Carlos Onganía le hizo saber a la familia de Ibarzábal (ascendido post mortem): “Su dolor, señora, es el de la Patria misma, esté segura de ello. No dude jamás que el padecimiento de su marido como el suyo actual es el acto de abnegación que, como holocausto, reúne a la Argentina sufriente en pos de su salvación”.
Fragmento del libro “El Escarmiento”, de Juan B. Jofre