La crisis económica y social de la provincia de Tucumán repercutió gravemente en la política. El problema que se arrastraba desde hacía décadas, debido al exceso de producción de azúcar, a la situación deficitaria de varios ingenios y a la dependencia de esta industria de los subsidios nacionales, hizo eclosión en 1965, cuando la zafra de ese año produjo 1.200.000 toneladas de azúcar, pero el mercado interno solo estaba en condiciones de absorber 800.000 toneladas. Dado el elevado precio de este producto subsidiado, no había posibilidad de exportarlo.
Dicha situación agravó la puja sectorial entre los 28 ingenios, los cañeros (productores independientes de caña) y los obreros agrupados en la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (Fotia). Se trataba de recibir subsidios para continuar, pagar salarios y mantener el plantel de trabajadores, sin recurrir a despidos. La Fotia, que había recuperado la personería jurídica en el gobierno de Illia, fortalecida y con dirigentes jóvenes y combativos, organizó huelgas, tomas de ingenios y de rehenes. La importante sede que estrenó en enero de 1966 en la capital provincial fue otra demostración de poderío. Intervenían en su apoyo cañeros, curas, dirigentes políticos locales y estudiantes universitarios muy radicalizados.
Gobernaba la provincia Lázaro Barbieri. Según el historiador Carlos Páez de la Torre, había llegado casi casualmente al Gobierno provincial en 1963 porque la fuerzas que compitieron en las elecciones quedaron muy fragmentadas.
Radical de origen socialista, hombre de alta estatura y gran cabellera, buen orador, profesor de Historia y Sociología en la Universidad Nacional de Tucumán, Barbieri contó con muy poco respaldo en la legislatura. Continuamente hostigado por la oposición, sin posibilidad de desarrollar un plan que tenía sus puntos interesantes, en materia de educación y construcción de instituciones escolares, además de nuevos cultivos que pudieran dar una salida económica a la provincia.
En el verano de 1966, Tucumán era la provincia más conflictiva. El gobernador Barbieri viajaba continuamente a Buenos Aires para conseguir apoyo político. Todo giraba en torno de la crisis de los ingenios, incapaces de pagar los jornales adeudados a los trabajadores y mucho menos de concretar los aumentos correspondientes. Entre las idas y venidas, el gobernador amagó con su renuncia que luego retiró al recibir apoyo del presidente Illia. Se trataba de aliviar el déficit presupuestario, de unos tres mil millones de pesos, y de transferir la carga financiera del dique el Cadillal a la nación. A todo esto, se sumó la denuncia y la investigación promovida desde la Legislatura provincial contra el secretario administrativo del gobierno, acusado de manejos poco claros en la administración de casinos; el funcionario sospechado renunció y se organizó un sistema para mejor control de fondos públicos.
La acción gremial directa se intensificó, al grado de tomar la Casa de Gobierno y a los funcionarios rehenes, una situación que exigió en marzo la presencia de la Gendarmería. En el Jockey Club de Tucumán se expresó el temor de que en la provincia se creara un escenario comparable al de la Sierra Maestra cubana, mientras el ministro Palmero procuraba trasmitir confianza en la gestión oficial. Las deudas a los cañeros habían sido pagadas, dijo. No obstante, en la reunión de Illia con los jefes militares realizada en Campo de Mayo, Pistarini le marcó al presidente las promesas incumplidas: “Usted nos prometió en febrero que las tensiones en Tucumán estaban superadas, ahora está ocupado el ingenio Bella Vista. Tucumán está sobre un volcán que puede estallar y desparramarse por toda la república”.
En las carpetas que se acumulaban en el piso 5 de la Secretaría de Guerra, el tema de la reconversión económica de la provincia tucumana ocupaba un lugar de preferencia.
Fragmento del libro “1966, de Illia a Onganía”, María Sáez Quesada