Las opiniones expresadas por Malarín en sus cartas no dejan de resultar llamativas porque residiendo, aunque temporalmente, en Estados Unidos y siendo un conocedor y estudioso del método empleado por las autoridades de aquel país para solucionar la cuestión no sólo no lo recomienda sino que sugiere un método alternativo y contrapuesto. Y lo que resulta aún más sugerente es el grado de aceptación que tiene su propuesta, ya que son notables las coincidencias que existen entre las medidas que propone el por entonces agregado militar en Estados Unidos con las que luego aplicó el Gobierno, especialmente la distribución de menores indígenas entre las familias porteñas; aunque, vale la pena aclararlo, un procedimiento similar de distribución -si bien limitado a los combatientes-, ya se había instrumentado poco tiempo atrás con los prisioneros de la guerra contra Paraguay.
Pero el general Roca, a través de los informes del subteniente, no sólo tomaba conocimiento de la política en cuestión seguida por el gobierno estadounidense, sino que también por el mismo conducto estaba al tanto de las controversias que en el seno de la sociedad norteamericana esa política despertaba. Ejemplo de ello son las noticias enviadas por Malarín acerca de la fuerte polémica desatada por esos años en EE. UU. entre los partidarios del “régimen escolar” y los sostenedores del “régimen militar”, ambos sistemas propuestos como formas diferentes de integración de los indígenas a la sociedad norteamericana. Es así que también resulta sugestivo que la política adoptada en Argentina con los indios sometidos -al menos hasta el final de las hostilidades, en 1885- aparezca como un correlato de la decisión del gobierno norteamericano de traspasar la cuestión indígena de la órbita civil a la militar.
Si bien a fines de 1878 Miguel Malarín finaliza su misión en Estados Si Unidos, no por eso se aleja del tema. Por el contrario, trasladado a cumplir las mismas funciones en la embajada argentina en Francia, ya a principios de 1879 retoma su correspondencia con Julio A. Roca, ya ministro de Guerra y Marina, enviándole profusa información sobre la colonización y reducción de los naturales de Argelia por parte del gobierno francés, consultando para ello las memorias escritas por los generales Bugeaud, Daumas, Duvivier, Regniat y Yusuf, entre otros.
Ahora bien, de lo expuesto hasta aquí no resulta difícil concluir que la decisión final de utilizar el sistema de distribución como método de integración indígena a la sociedad criolla no fue, por cierto, antojadiza ni apresurada y muchos menos improvisada, sino que fue tomada luego de un largo estudio anterior al comienzo de la expedición del general Julio A. Roca al río Negro.
Tampoco la decisión era novedosa ya que un similar tratamiento habían recibido los prisioneros tomados en la guerra contra Paraguay. En realidad, lo que aparece como nuevo es que ahora la distribución abarca no sólo a los combatientes sino al conjunto de las familias indígenas, pues, a diferencia de los soldados paraguayos, los indígenas además de “enemigos” “salvajes incivilizados”.
Estos inconvenientes radicaban en que, por un lado, los indígenas agrupados en comunidades seguían conservando su espíritu de cuerpo, sus costumbres y hábitos salvajes -explicaba el ministro-, lo que no sólo no los acercaba a la civilización sino que se volvían particularmente peligrosos para las propias poblaciones de la campaña pues podían, en cualquier momento, modificar su actitud pacífica y lanzarse nuevamente a “malonear” en tanto que sustraídos por “la influencia […] de las costumbres envilecedoras y reciben su inspiración frecuentemente del desierto y la barbarie a que los encadena su situación misma”:
Las consecuencias perniciosas que ese sistema produce es muy clara: hacen casi imposible una mejora en su sentimiento y en las ideas de los grupos indígenas; su perversión y a veces su necesidad los lanza periódicamente contra nuestras campañas y a la vez que nos ocasionan los perjuicios más serios, se [condenan] a sí mismos por el orden natural de las cosas a la miseria creciente, a la barbarie irrevocable y a la destrucción sucesiva […]”
Por lo tanto, según el ministro de Avellaneda, la situación no beneficiaba al país ni tampoco a los propios indios sometidos, era necesario un cambio de política y colocar a los indígenas en lugares fuera de su hábitat natural y en contacto lo más cercano y eficaz con las poblaciones civilizadas. En cuanto al extrañamiento territorial consideraba que éste no resultaría nocivo para los indígenas por cuanto no tenían ningún vínculo que los ligara efectivamente al suelo, y su vida nómade hacía que su hábitat siempre fuera provisorio ya que “su misera toldería plantada hoy buscando tan sólo el pasto, el agua, y el abrigo momentáneo de los peligros, desaparece cada día para seguir una peregrinación sin término”.
El propio Roca, a fines de 1878, en una misiva que le envía a Martínez Muñeca, entonces Gobernador de la Provincia de Tucumán, fundamenta porqué adoptan y prefieren ese sistema de distribución sobre el existente hasta ese momento o el adoptado por el Gobierno de Estados Unidos. En la carta, el todavía ministro de Guerra y Marina abunda en razones acerca de la inconveniencia de adoptar el sistema norteamericano de “reservas”, tanto por lo costoso y lento del mismo como por el peligro latente que entrañaría para los habitantes de la campaña convivir con las grandes concentraciones indígenas, porque “en esas agrupaciones, el indio conservando y trasmitiéndose el lenguaje, costumbre y civilización en el centro mismo de los pueblos civilizados, se mantiene acechando la oportunidad para el levantamiento en masa, a despecho de la vigilancia sagaz y previsora”.
En el mismo sentido, también el presidente Nicolás Avellaneda, en su mensaje de apertura de las sesiones del parlamento nacional correspondientes al período legislativo de 1879, daba cuenta de la decisión tomada por el Poder Ejecutivo con respecto al futuro de los indios reducidos, qué acciones se habían llevado a cabo hasta ese momento y cuáles se preveían realizar. En primer lugar planteaba que la incorporación de los indios sometidos resultaba un problema de solución poco sencilla, como lo demostraba la experiencia estadounidense que, a pesar de lo costoso de su implementación para el erario federal había tenido un éxito relativo. En cambio, en el caso argentino, afirmaba Avellaneda, el Gobierno había “encontrado facilidades inesperadas en el espíritu profundamente cristiano de nuestras poblaciones, y en la capacidad que el indio mismo ha revelado para adaptarse a las exigencias de una vida superior”.
A partir de estas condiciones favorables se había podido implementar con éxito el sistema de distribución, y así -según el Presidente de la Nación-, “el indio es un excelente soldado y ha entrado a llenar el cuadro de nuestros batallones. Puede ser un buen marino y actualmente se adiestran más de doscientos en las maniobras subalternas de la marinería. El indio es apto para todos los trabajos físicos, y la provincia de Tucumán ha empleado quinientos en sus ingenios de azúcar y en sus obrajes. Las mujeres y los niños han sido distribuidos en la Sociedad de Beneficencia entre las familias”.
El mensaje concluía aceptando que, a pesar de su efectividad, la “distribución” era un recurso limitado por su naturaleza y que pronto quedaría agotado. Por eso, previendo esta circunstancia, se había decretado la formación de una colonia indígena en Río Negro y de dos en Gran Chaco, sobre las márgenes del arroyo El Rey. Al mismo tiempo, una comisión compuesta de tres ingenieros militares estudiaba los territorios adyacentes al río Negro para el establecimiento de poblaciones, porque “las tribus que se sometan o se adelante, se establecerán dentro de la gobernación de la Patagonia, en aprisionen en espacios reducidos y bajo la vigilancia de las tropas”. A estas razones que esgrimen los distintos funcionarios gubernamentales debemos agregar aquellas derivadas del propio pensamiento militar a cerca del problema indígena, las cuestiones de tipo económico y la visión que de estas tiene en general los sectores dominantes.
Fragmento del libro “Estado y cuestión indígena”, de Enrique Hugo Mases