La Legislatura del Chubut sancionó la ley de Retiro Voluntario y Régimen de Abstención del Débito Laboral, una pieza que el gobierno considera clave en el plan de reforma del Estado. Según datos oficiales surgidos del último censo, el Poder Ejecutivo cuenta actualmente con 42.000 empleados, una cifra que asciende a 45.000 si se suman los poderes Legislativo y Judicial.
Emiliano Chialva, Asesor General de Gobierno, vinculó directamente la ineficiencia estatal con la falta de planificación en los ingresos de las últimas décadas. Según el funcionario “esto responde a muchos años de una política de ingreso al Estado que no fue coherente con el servicio a prestar, sino básicamente para cubrir tal vez falta de empleo en otros lugares… llega un límite en el que el funcionamiento decae, es imposible tener la eficacia que necesitás”.
El Asesor General de Gobierno comparó la situación actual con el pasado reciente para dimensionar el problema: “En 20 años se duplicó la población administrativa y respondió más a una situación de contención que a otra cuestión”. Esta sobrepoblación -advirtió- llegó al punto de que hoy existen áreas donde “hasta cuesta saber exactamente qué tarea asignarle al personal, porque tenés más del que necesitás”.
Abstención del Débito: ¿Qué es y por qué ahora?
La ley introduce la abstención del débito laboral, un esquema donde el empleado deja de trabajar cobrando el 60% de su sueldo. Chialva aclaró que, a diferencia del sector privado donde la desvinculación es más ágil, en el sector público la estabilidad laboral obliga a buscar soluciones creativas y voluntarias:
“La palabra ‘débito laboral’ es la prestación del trabajo. La abstención es el no cumplir la tarea. Es una medida voluntaria, un beneficio para el que lo quiere tomar, pero le permite al Estado descomprimir y generar un ahorro fiscal de personas que igualmente no estaban cumpliendo una tarea útil”.
Para llevar tranquilidad a quienes temen por su jubilación, el funcionario fue tajante: “Se le siguen realizando los aportes, la persona cobra el 60% del sueldo pero los aportes se hacen sobre el 100%. No lo afecta en su beneficio jubilatorio”.
El control: Sin “parches” ni cargos políticos
Una de las críticas a gestiones pasadas era que, mientras se abrían retiros, se seguía contratando gente. Chialva aseguró que esta vez el proceso está blindado por la ley del “tres por uno” y por un control estricto de quiénes pueden irse:
“No se le va a otorgar a personas que hay que reemplazarlas, porque no tendría ningún sentido. Si se accede al débito y después la persona consigue otro trabajo o se jubila, los cargos se dan de baja. Está establecido en la ley”.
Además, subrayó que la medida apunta a la base de la pirámide y no a privilegios: “Se hace siempre sobre los cargos bases. Hubo otras gestiones que lo realizaron por cargos políticos o cuestiones irregulares; aquí está muy controlado”.
La “pinza” económica
Finalmente, el Asesor enmarcó la medida en la crisis de ingresos que afecta a Chubut por la baja en la coparticipación nacional y las regalías petroleras. Con el gasto en personal representando el 54% de los ingresos, el margen de maniobra es nulo: “Es coherente tomar medidas presupuestarias. Si bien se puede recuperar la recaudación, los gastos fijos de personal no los podés cambiar, por eso estas medidas tienen coherencia para que cambie lo que el sueldo representa en relación a tus ingresos”.