Sin embargo, estas políticas desarrolladas por el gobierno nacional no gozaron de un consenso generalizado sino que, por el contrario, encontraron firmes detractores en ciertos sectores de la sociedad, particularmente empresarios ganaderos y algunos eclesiásticos de la propia Iglesia católica. En efecto, la cesión de tierras que a través del Congreso se efectuaba para la formación de colonias o reservas -o simplemente para el asentamiento de los sobrevivientes de algunas comunidades indígenas- es fuertemente impugnada por aquellos que ven en esta medida no sólo un retroceso en el camino del indígena a la vida civilizada sino la posibilidad de que estos, considerados como bandoleros depredadores, aumenten su nivel delictivo en tanto cuentan con una base de operaciones para realizar sus correrías y, a la vez, ya no necesitan estar empleados para poder subsistir.
Así, por ejemplo, los ganaderos que circundaban la reserva de Camusu Aike, miembros de una oficial “Comisión Honoraria de Reduccion de Indios del Territorio de Santa Cruz”, conocida entonces como “Patronato”, y que también integraban el Gobernador y el Juez letrado del territorio, a propósito de la cesión de tierras que las autoridades nacionales habían hecho a los indios tehuelches sin ningún tipo de condicionamiento, plantearon que la misma resultaba un escollo para su ingreso a la civilización y un problema para la seguridad de sus propiedades:
[Porque] el indio, por más que se adapte a la civilización, es un incapaz de hecho y así debe ser considerado en derecho […] la experiencia demuestra que carecen de las nociones más elementales, ya sea en cuestiones civiles, económicas y penales y serán siempre víctimas del alcohol y de su ignorancia.
Sostenían que la mejor solución pasaba por conformar -con parte de las tierras de la reserva- un establecimiento ganadero bajo la dirección de ellos mismos, los hacendados, en el que a partir de la educación primaria, el trabajo en forma civilizada, el cumplimiento del servicio militar, y sus relaciones económicas y civiles con los vecinos podrían habilitarlos para demostrar su capacidad y, “será entonces el caso que tengan, al igual que los demás habitantes, los mismos derechos, y puedan obtener en propiedad un área de campo en las mismas condiciones que cualquier otro individuo”. También alegaban que estas acciones debían llevarse adelante con premura porque, según los miembros de esta Comisión Honoraria, los indígenas formaban parte de “una raza que se va, es un acto de humanidad, por lo tanto, evitar que se vayan de prisa y que sufran los rigores del frío y del hambre”.
Finalmente la propuesta no logra concretarse por la negativa de los propios tehuelches a someterse a la autoridad de los hacendados, dado el recelo que les causaba el “Patronato” y la mayoría de sus miembros, a los cuales veían más interesados en apropiarse de las tierras de la reserva que de su educación. Por el contrario, esos mismos miembros de la Comisión alegaban que la negativa de los tehuelches se fundaba en que,
[…] la vigilancia no les permitirá dar rienda suelta a sus pasiones y vicios, y por lo tanto, se sienten oprimidos en sus malas costumbres y echan de menos la bebida y la libertad para robar las ovejas del vecino […] poco o nada pueden producir los indios en ese campo, para compensar los gastos que el gobierno hace en su favor.
Detrás de estas afirmaciones en realidad se escondía el velado propósito de estos y otros hacendados de querer disciplinar a una potencial fuerza de trabajo, donde la mano de obra era particularmente muy escasa y se volvía un problema insoluble en las épocas de esquila. Para ello se apelaba a diferentes métodos “disciplinarios”, como la exigencia de exhibir guías para circular y comercializar ganado, tener papeleta de conchabo o prohibir las boleadas o guanaqueadas.
Si la ley se cumpliese los indígenas tendrían que trabajar con más consistencia […] serían más industriosos y respetables ciudadanos de lo que ahora son […] la boleada es la causa de tanta vagancia…
Respecto de la imagen que de los indígenas tenían los estancieros y ganaderos que compartían su mismo hábitat, tan reveladoras o más aún que las opiniones citadas del gerente Preston resultan las que se transcriben a continuación, vertidas por un hacendado del entonces Territorio del Neuquén quien no ahorra calificativos ni razones para demostrar la indolencia, así como la capacidad delictiva y depredadora que ostentan sus vecinos.
Esos árboles, que formaban verdaderos bosques, fueron quemados por los indios que todavía pueblan estas zonas. Para hacerse de leña, el indio haragán y dañino les prendía fuego y después lo volteaba de un tirón de cincha.
[…] Un rancho de paja y barro, escondido en la quebrada más profunda y un caballo atado al palenque, denuncian la vivienda del indio. Es su refugio, el de su prole y sus perros. De allí sólo sale para cometer depredaciones en la hacienda de los pobladores de la zona y para el lejano boliche, donde cambiará los cueros y la lana de los animales hurtados por alcohol, galleta y tabaco […].
Y para que no queden dudas sobre su pensamiento, también arremete contra las políticas proteccionistas invocadas desde Buenos Aires por aquellos que consideran a los indígenas del sur argentino expuestos al riesgo de una muy posible explotación. Para que los porteños entiendan que es equivocada esa presunción, se dirige a ellos:
[Propongo a] estos espíritus humanitarios, que tan cómodamente en la Capital Federal baten el parche del proteccionismo a indios de la Patagonia, que vengan acá a estudiar, en el mismo terreno, a estos campeones del merodeo, de la haraganería y de la devastación; que vengan a conocer a estos buitres, como nosotros lo llamamos, porque se parecen a estas aves de rapiña en su voracidad.
Fragmento del libro “Estado y cuestión indígena”, de Enrique Hugo Mases