El presidente del Concejo Deliberante de Esquel, Rubén Álvarez, respaldó la decisión de que el exdiputado nacional Santiago Nicolás Igón enfrente un juicio oral y público por el presunto delito de aceptación de dádiva, tras haberse vacunado de manera anticipada durante la pandemia de Covid-19.
Álvarez se mostró “complacido” con el avance de la causa y recordó que fue uno de los críticos del acuerdo económico que, en una instancia previa, buscaba cerrar el expediente mediante el pago de una suma de dinero.
“Fui muy crítico del supuesto acuerdo que se había hecho en su momento. El tratar de borrar con 3 millones de pesos lo que fue un acto que a mi criterio estuvo mal, me parecía inaceptable”, sostuvo.
“ADELANTARSE EN LA FILA CUANDO HABÍA GENTE QUE SE MORÍA”
El titular del Concejo fue especialmente duro al referirse al contexto en el que se produjo la vacunación anticipada.
“Vacunarse cuando había gente que se moría, adelantarse en la fila, me parece doblemente grave. Lo mejor que puede pasar es que la Justicia investigue y que, si lo encuentra culpable, le ponga la pena que corresponda”, expresó.
Álvarez subrayó que durante los meses más críticos de la pandemia “había vidas en juego directamente y se contaban los muertos”, y remarcó que ese escenario agrava cualquier conducta que implique un privilegio indebido.
“Una cosa es hacer alguna trapisonda y otra cosa es adelantarse en una fila de vacunación. La verdad que me parece despreciable”, afirmó.
“LA CORRUPCIÓN TAMBIÉN MATA”
El presidente del Concejo vinculó el caso con un planteo más amplio sobre ética pública.
“La corrupción también sabemos que mata y tiene secuelas a lo largo del tiempo”, señaló, en una definición que apunta no sólo al episodio puntual sino al impacto institucional de ese tipo de conductas.
Con la anulación del acuerdo económico que había sido aceptado en primera instancia y la confirmación de que el expediente seguirá su curso hacia el debate oral, la causa que involucra a Igón volverá a tener exposición pública, esta vez en un tribunal, donde se determinará si existió responsabilidad penal en la vacunación anticipada.