La reciente aparición pública de Mirta Simone en un acto institucional de la Municipalidad de Trelew y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco volvió a poner en el centro de la discusión política y social el acuerdo judicial que le permitió evitar el juicio oral en la causa por presunto desvío de fondos de ATE Chubut a su cuenta personal.
El viernes pasado, Simone participó de la firma de un convenio de pasantías educativas junto a funcionarios municipales y autoridades universitarias, donde fue presentada como directora del Departamento de Ciencia Política de la sede Trelew de la universidad. La imagen no pasó inadvertida: ocurrió apenas días después de que la Justicia homologara la suspensión de juicio a prueba (probation) en la causa por presunta administración fraudulenta vinculada al manejo de fondos sindicales.
La investigación del Ministerio Público Fiscal sostenía que entre 2019 y 2023 se realizaron transferencias desde cuentas oficiales de ATE hacia cuentas de Simone y de su entonces marido y titular del gremio, Guillermo Quiroga, por alrededor de 6,8 millones de pesos, dinero que habría sido utilizado para gastos particulares y pagos de tarjetas de crédito.
Sin embargo, el expediente no llegará a juicio oral.
La suspensión de juicio a prueba fue otorgada luego de un acuerdo entre todas las partes del proceso. La defensa de Simone solicitó la probation y ofreció una reparación económica de 8 millones de pesos. Tanto la fiscalía como el resto de las partes prestaron conformidad, con el único planteo de que el dinero fuera destinado al Centro de Jubilados de ATE. Finalmente, la jueza de Rawson Eve Ponce homologó el acuerdo.
De esta manera, Simone evitará una condena penal y, si cumple las condiciones impuestas, la causa quedará extinguida sin juicio oral ni sentencia definitiva.
El acuerdo incluye:
- el pago de 8 millones de pesos;
- tareas comunitarias;
- presentaciones periódicas ante organismos de control;
- y la prohibición de ejercer cargos sindicales durante un año.
La resolución generó fuertes cuestionamientos en ámbitos políticos y sociales, especialmente por el desfasaje entre el monto investigado y el valor actual del dinero presuntamente desviado. Distintos sectores sostienen que, actualizadas por inflación, las sumas involucradas representarían hoy cientos de millones de pesos, mientras que la reparación acordada aparece como mínima frente al perjuicio económico denunciado.
Pero además del aspecto económico, el caso abrió un debate institucional más profundo: la continuidad de Simone en cargos públicos y académicos financiados por el Estado.
Actualmente ocupa funciones dentro de la universidad pública y continúa participando de actividades institucionales con exposición pública pese a haber accedido a un beneficio judicial en una causa vinculada al uso irregular de fondos sindicales.
La situación dejó además otra discusión de fondo: el funcionamiento del propio sistema judicial. Para gran parte de la sociedad, el hecho de que todas las partes hayan acordado cerrar el expediente mediante una probation alimenta una sensación de impunidad y refuerza la percepción de que determinadas causas vinculadas al manejo de dinero institucional terminan resolviéndose mediante acuerdos que evitan el debate público de fondo y las posteriores condenas ejemplares.
Así, mientras la causa judicial se encamina a cerrarse sin juicio oral, la exposición pública de Simone en actos oficiales volvió a instalar interrogantes sobre los estándares éticos exigibles para ocupar cargos en instituciones públicas, educativas y financiadas por el Estado.