Con el vencimiento definitivo de la concesión precaria que mantiene Patagonia Argentina al frente del transporte público de pasajeros en Comodoro Rivadavia, la incertidumbre sobre la continuidad del servicio derivó en una fuerte disputa política entre el Ejecutivo municipal y sectores de la oposición, que responsabilizan al intendente Othar Macharashvili por la crisis generada alrededor de la licitación.
Finalmente, una medida cautelar dictada por la Justicia ordenó a Patagonia Argentina continuar prestando el servicio desde este lunes 1 de junio, evitando así la paralización del sistema de transporte urbano mientras se resuelve el conflicto administrativo y contractual que se abrió tras la caída de la adjudicación a la empresa Grupo MR.
En ese contexto, la concejal Ximena González, del bloque Despierta Comodoro, cuestionó con dureza la actuación del Ejecutivo y sostuvo que la situación actual es consecuencia de años de prórrogas y falta de definiciones políticas.
La edil recordó que el contrato original con Patagonia Argentina comenzó en 2007 y venció en 2017. Desde entonces, la empresa continuó operando mediante extensiones sucesivas. “Estamos casi hace diez años con un contrato vencido, desactualizado, que no es apto para la ciudad que tenemos”, afirmó.
González destacó que el Concejo Deliberante trabajó durante casi un año en la elaboración de un nuevo pliego licitatorio junto a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, asociaciones vecinales y el propio Ejecutivo municipal, con el objetivo de modernizar el sistema y adecuarlo a las necesidades actuales de la ciudad.
Sin embargo, cuestionó que cuando llegó el momento de formalizar la adjudicación, el intendente decidiera no firmar el contrato pese a que, según afirmó, el asesor letrado municipal entendía que estaban dadas las condiciones para hacerlo.
“Nos encontramos un año después con un intendente que, al momento de realizar la firma, decide que no va a firmar teniendo a su asesor letrado diciendo que se encontraban dadas todas las condiciones”, señaló.
La concejal también apuntó contra el proyecto de emergencia en el transporte presentado por el Ejecutivo, que contempla una declaración por 180 días prorrogables por otros 180 y habilita mecanismos excepcionales de contratación.
Según González, uno de los aspectos más preocupantes es que la iniciativa autoriza al municipio a realizar contrataciones directas, acuerdos transitorios y otros mecanismos extraordinarios sin especificar claramente sus alcances. “Es un cheque en blanco”, sostuvo.
A criterio de la edil, la emergencia no responde a una situación imprevisible sino a una crisis generada por la propia administración municipal. “Hablan de transparencia, de razonabilidad y de cuidado de los recursos municipales, y es lo que nunca hicieron. Presentan una emergencia que crearon ellos mismos desde la inoperancia y la falta de responsabilidad”, afirmó.
González también sugirió que el Ejecutivo busca compartir con el Concejo Deliberante la responsabilidad política de las decisiones que se adopten en adelante. “El intendente puede declarar la emergencia por resolución administrativa. Entiendo que busca el aval del Legislativo para no hacerse cargo plenamente de la responsabilidad”, indicó.
Hasta tanto se resuelva esa transición, la continuidad del transporte público dependerá de la medida cautelar dispuesta por la Justicia, que evitó que miles de usuarios quedaran sin servicio al inicio de la semana laboral. El conflicto, sin embargo, está lejos de concluir y promete seguir ocupando el centro del debate político en Comodoro Rivadavia durante las próximas semanas.
Nota elaborada en base a declaraciones al programa Redacción 20 de LU20