En julio de 2005, el Gobierno del Chubut anunciaba un proceso para cancelar progresivamente la millonaria deuda que el Estado provincial mantenía con el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS). En aquel momento, la deuda previsional acumulada alcanzaba, como mínimo, los 150 millones de pesos y era presentada como uno de los principales problemas que debían resolverse para sanear las cuentas de la Caja.
El anuncio quedó reflejado en la edición del 23 de julio de 2005 de Diario El Chubut, bajo un título contundente: “Deuda multimillonaria con el ISSyS se cancelaría con pagos progresivos”. La nota daba cuenta de la decisión del Ejecutivo provincial de comenzar a transferir fondos al organismo para afrontar una deuda que se arrastraba desde hacía décadas.
Según explicaba entonces el presidente del ISSyS, Alberto Schulman, se trataba de una deuda histórica originada, entre otras cuestiones, por el régimen especial de retiros de la Policía del Chubut y por el incumplimiento de los aportes correspondientes por parte de sucesivas administraciones provinciales.
La intención oficial era avanzar con transferencias progresivas de dinero y descartar mecanismos como la emisión de bonos. “En este momento no se está hablando de bonos. Se iría cancelando en dinero a medida que sea necesario tener estos fondos como para ir pagando con el tiempo estos incrementos en los haberes jubilatorios”, explicaba Schulman.
El saneamiento de la Caja estaba directamente relacionado con otro de los objetivos planteados por el Gobierno provincial: mejorar los haberes de los jubilados estatales. En aquel momento había aproximadamente 9.000 jubilados provinciales y la jubilación promedio se ubicaba en torno a los 1.500 pesos, aunque los haberes más bajos llegaban apenas a los 300 pesos.
Schulman destacaba además que, mientras se buscaba resolver el pasivo acumulado, el Ejecutivo se encontraba cumpliendo con las obligaciones corrientes. “Se está cumpliendo totalmente con los aportes mensuales del Gobierno, tanto previsionales como de la obra social”, aseguraba el funcionario.
La decisión apuntaba así a separar dos cuestiones: por un lado, evitar que continuara creciendo la deuda mediante el cumplimiento de los aportes mensuales y, por otro, establecer un mecanismo para cancelar progresivamente el enorme pasivo acumulado durante años.