El abogado Diego Martínez Zapata cuestionó duramente al empresario Fernando Álvarez Castellano, presidente de Conarpesa y Agropez, por la liquidación de los aguinaldos de los trabajadores embarcados. Aseguró que su estudio jurídico lleva adelante entre 130 y 140 juicios contra las empresas pesqueras, con reclamos que rondan entre los 900 y los 1.000 millones de pesos, y sostuvo que la Justicia de Chubut viene condenando a las firmas por estas prácticas desde hace más de 15 años.
“La Justicia de la provincia de Chubut hace 15 años que viene condenándolo a él y a sus empresas por la errónea y maliciosa liquidación de los aguinaldos”, afirmó Martínez Zapata, quien remarcó que los fallos no responden a interpretaciones personales de los abogados, sino a decisiones judiciales que se han reiterado a lo largo de los años.
Para dimensionar la situación, el letrado comparó el comportamiento de Conarpesa y Agropez con el de las restantes empresas que operan en Puerto Rawson. “Los 50 armadores de la pesca del muelle de enfrente liquidan el aguinaldo de manera correcta y ninguno tiene ningún tipo de juicio”, aseguró, en referencia a las empresas nucleadas en la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACh), a las que también asesora jurídicamente.
Según explicó, los reclamos alcanzan a marineros, maquinistas y capitanes, representados por tres organizaciones sindicales diferentes. “El único que liquida los aguinaldos de la flota amarilla, fresquera, en contravención a la ley, es él”, sostuvo en referencia a Álvarez Castellano.
Martínez Zapata explicó que la controversia gira alrededor de la interpretación del tiempo efectivamente trabajado para calcular el sueldo anual complementario. Mientras el empresario sostiene que corresponde liquidarlo proporcionalmente a los períodos de actividad pesquera, el abogado argumentó que los trabajadores efectivos continúan a disposición de la empresa aun cuando los barcos no están operando.
En ese sentido, recordó que existen antecedentes judiciales desde 2007, con posteriores resoluciones en 2010, 2012 y 2016. “Una cosa es lo razonable o lo no tan loco, y otra cosa es lo legal”, señaló, al sostener que la Justicia ya rechazó reiteradamente los argumentos utilizados por las empresas.
De una demanda de $13 millones a una condena millonaria
Uno de los aspectos más llamativos de la entrevista fue la explicación sobre un juicio que comenzó con un reclamo de aproximadamente 13 millones de pesos y que, según se planteó durante la conversación, habría alcanzado una cifra cercana a los 320 millones.
Martínez Zapata aclaró que el monto final es inferior a esa última cifra, aunque igualmente significativo, y atribuyó su crecimiento a los intereses acumulados desde 2021 y a las sanciones judiciales por la conducta procesal de la empresa.
“Él dilata los procesos, cuanto más pasa, más corren los intereses”, afirmó. También señaló que en algunas sentencias se aplicaron multas por conducta temeraria y maliciosa, debido a la reiteración de defensas que ya habían sido rechazadas por los tribunales.
El abogado sostuvo que existen fallos que califican la conducta empresarial como “querulante, maliciosa y sistemática”, y acusó a Álvarez Castellano de mantener una modalidad que perjudica económicamente a los trabajadores.
Multas de $100.000 diarios por cada juicio
Martínez Zapata reveló además que existen sanciones económicas por el incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con los aportes y contribuciones a la obra social. “Le corren 100.000 pesos por día, porque no integra los aportes, contribuciones a la obra social, que es parte de la condena judicial”, explicó.
Según detalló, en determinados expedientes esas multas llevan entre seis y siete meses acumulándose, sin que se haya regularizado la situación. También mencionó la posibilidad de dar intervención al Ministerio Público Fiscal de competencia federal para investigar una eventual retención indebida de aportes y contribuciones.
Nota elaborada en base a declaraciones al programa Redacción 20 deLU20