La justicia de Puerto Madryn avanza en la investigación por el presunto desvío de fondos del Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública (SOYEAP), causa que involucra a dos exdelegados del gremio: Patricia Mariezcurrena y Armando Walter Vique.
La penalista Gladys Olavarría, que impulsa la querella junto al interventor del sindicato, confirmó que la jueza Marcela Pérez Bogado formalizó la apertura de investigación por el delito de defraudación, luego de varios meses de pesquisas preliminares.
“Desde febrero venimos investigando. Había una fuerte sospecha sobre el destino de los fondos sindicales y verificamos que los aportes no ingresaban a la cuenta oficial del SOYEAP sino que eran enviadas a las cuentas personales de estas dos personas”, explicó Olavarría.
“Había una cuenta a nombre de Vique, otra a nombre de Mariezcurrena, y una tercera cuenta mancomunada entre ambos. Ninguna pertenecía al SOYEAP”, precisó Olavarría.
La investigación abarca el período comprendido entre 2020 y 2024, aunque se estableció que ambos imputados ya no eran delegados gremiales desde hacía al menos dos años, lo que agrava su situación procesal.
El monto total del presunto desvío asciende a unos 11,5 millones de pesos, cifra que podría actualizarse conforme a los índices del Banco Nación y la cantidad de afiliados afectados.
SIN RESPONSABILIDAD MUNICIPAL
Consultada sobre el rol del municipio como agente de retención, Olavarría aclaró que no hay responsabilidad penal atribuible a la Municipalidad de Puerto Madryn, ya que los depósitos se realizaron siguiendo instrucciones formales de los propios dirigentes sindicales.
“La municipalidad no tiene por qué saber si esas cuentas eran personales o del sindicato. Hubo una nota enviada por los delegados indicando a qué cuentas depositar, y el municipio cumplió con esa instrucción”, señaló la abogada.
ETAPA JUDICIAL
La investigación penal se encuentra formalmente abierta. La causa ya cuenta con pericias contables y bancarias que forman parte del legajo judicial.
El exdelegado Armando Walter Vique ya fue imputado la semana pasada, mientras que Patricia Mariezcurrena tiene audiencia de apertura de investigación prevista para este martes a las 9:30.
“A partir de ahora, la jueza controla toda la prueba. Los imputados podrán justificar el destino de los fondos dentro del plazo de seis meses, aunque por ahora no hay elementos que los desvinculen del manejo irregular del dinero sindical”, advirtió Olavarría.
Nota elaborada en base a declaraciones a LU20