El abogado Oscar Romero, defensor de Guillermo Quiroga en la causa por presunto desvío de fondos del gremio ATE Chubut, afirmó que las transferencias de dinero desde las cuentas sindicales hacia las personales de Quiroga y su ex esposa Mirta Simone “no constituyeron ninguna irregularidad” y que “todo fue absolutamente transparente”.
Romero explicó que los montos cuestionados correspondían a fondos operativos utilizados para solventar actividades gremiales, y que el estatuto del sindicato contempla este tipo de movimientos: “El estatuto prevé que los gastos por los servicios gremiales sean solventados por la asociación, incluso con viáticos, movilidad y representación. Internamente se hacía habitualmente que de esas cuentas se transfiriera a los secretarios responsables. No fue algo exclusivo de Quiroga y Simone: también la propia denunciante, Claudia Barrionuevo, recibió transferencias similares”, sostuvo.
CUESTIONAN LA INTERVENCIÓN DE NUEVOS QUERELLANTES
El letrado también confirmó que la causa se encuentra “próxima a finalizar la etapa de investigación”, y que en noviembre el Ministerio Público Fiscal deberá definir si formula o no acusación. Sin embargo, cuestionó la incorporación de nuevos querellantes al proceso: “Ya se habilitó la intervención de tres afiliados, y ahora se admitieron seis más. Nos opusimos porque el patrimonio supuestamente afectado es el de la asociación sindical, no el de los afiliados. Por la sola condición de ser afiliados no tienen un perjuicio personal que los habilite como víctimas”, explicó.
Romero advirtió que aceptar querellantes por su sola afiliación podría abrir la puerta a que “12.738 afiliados” puedan intervenir en el proceso penal, algo que calificó como “absolutamente desmedido”.
“ES UNA DENUNCIA POLÍTICA DE LA LÍNEA OPOSITORA”
El defensor de Quiroga planteó que la denuncia tiene un trasfondo político: “Todos los querellantes integran la lista opositora interna a Quiroga. Esto viene desde el inicio del caso: los denunciantes eran integrantes de la lista que se presentó a las elecciones de 2023, un mes después de radicar la denuncia”.
Según Romero, los hechos investigados datan de 2019, 2020 y 2021, y la presentación judicial se hizo “en plena campaña electoral”. Por eso, consideró que el proceso “nació viciado por un contexto político más que jurídico”.
“NO HAY PRUEBAS DE ENRIQUECIMIENTO NI DE VIDA OSTENTOSA”
En respuesta a las acusaciones que vinculan a Quiroga con un presunto “cambio de estilo de vida” financiado con fondos del sindicato, el abogado negó categóricamente esa versión: “Se dijo que había adquirido inmuebles, vehículos, que había hecho ampliaciones y mejoras en su casa. Quiroga no tiene vivienda propia y el vehículo que posee tiene más de diez años. No hay ninguna prueba de que haya habido adquisición de bienes de alto valor ni de mejoras significativas”.
IMPUGNACIÓN ANTE EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Romero recordó que la defensa mantiene una queja ante el Superior Tribunal de Justicia del Chubut, al considerar “irregular” la apertura de la investigación penal. “Sostenemos que nada de esto debía haber ocurrido. La ley prohíbe la injerencia del Estado en la administración interna de los sindicatos, salvo causas justificadas y con intervención previa del Ministerio de Trabajo. No se agotó esa vía administrativa”, explicó.
Asimismo, señaló que el Consejo Directivo Nacional de ATE -órgano de contralor interno- no detectó irregularidades y que “tampoco existe ninguna denuncia abierta en el Ministerio de Trabajo”.
“La justicia habilitó una investigación penal sobre la administración interna de un sindicato, sin intervención del órgano competente. Por eso impugnamos desde el primer momento”, concluyó el abogado.