Antes de que la conciliación obligatoria comenzara a transitar sus primeras horas, el conflicto entre Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) sumó un nuevo capítulo. El presidente de la empresa, Fernando Álvarez Castellano, ratificó que no reincorporará a los 39 trabajadores despedidos con causa tras la protesta en la planta de Puerto Madryn y redobló sus críticas contra los gremios, a los que acusó de utilizar a los empleados para una disputa personal.
El empresario fue categórico al descartar cualquier marcha atrás con las cesantías. “No voy a dar marcha atrás, ¿por qué tengo que dar marcha atrás?”, afirmó al sostener que los despidos están respaldados por la legislación laboral. Consultado específicamente sobre una eventual reincorporación, respondió sin rodeos: “No, no vuelven”. Para Álvarez Castellano, los trabajadores fueron despedidos por haber ingresado a las oficinas administrativas de la empresa durante la protesta, hecho que calificó como una ocupación violenta y una intimidación al personal.
Las declaraciones fueron una respuesta directa a la solicitada difundida este miércoles por el STIA, el SOMU y el Siconara, donde las tres organizaciones sindicales cuestionaron el accionar de la empresa, reclamaron la reincorporación de los despedidos y advirtieron sobre la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza en toda la actividad pesquera de Chubut. Álvarez Castellano minimizó ese pronunciamiento y aseguró que los gremios buscan presionarlo mediante amenazas.
Lejos de moderar el tono, el titular de Conarpesa endureció aún más su discurso. “A mí no me van a fundir estos tipos”, sostuvo, al tiempo que desafió a los dirigentes sindicales al afirmar que “para que se haga lo que ellos quieran, a mí me tienen que sacar con un cajón con los pies para adelante”. También aseguró que los dirigentes “están jugando con la vida de mucha gente” porque, según su visión, son los trabajadores quienes terminan pagando las consecuencias de las decisiones gremiales.
El enfrentamiento se produce mientras la Secretaría de Trabajo de Chubut mantiene vigente la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, medida que ordenó retrotraer el conflicto al estado previo a los despidos y abrió una instancia de negociación entre las partes. La resolución también dispuso la suspensión de medidas de fuerza y convocó a una audiencia para intentar destrabar el conflicto que mantiene paralizada la planta de Puerto Madryn.
Nota elaborada en base a declaraciones al programa Redacción 20 de LU20