La publicación, el 15 de noviembre del decreto oficial que llamaba a elecciones generales para el 23 de febrero de 1958 empezó a disipar las dudas reinantes en ciertos círculos acerca de la realización del comicio y el país entró de buena fe en la caldeada atmósfera de una campaña presidencial. Aunque una docena de partidos nombraron sus candidatos, la opinión general era que la elección del nuevo presidente estaba entre los dos hombres que habían integrado juntos la fórmula Radical en 1951: Ricardo Balbín, ahora candidato de la UCRP, y Arturo Frondizi, candidato de la UCRI.
Balbín, con inmediatos aliados personales en el gobierno nacional, así como en varios gobiernos provinciales, contaba sin duda con las ventajas de que puede gozar quien disfruta del “calor oficial”. Pero como candidato oficialista, debía sobrellevar la carga de que se lo identificara con los discutidos logros de la Revolución Libertadora. Para sus competidores representaba el continuismo, la indefinida prolongación de medidas antiperonistas del gobierno militar y de sus políticas económicas y sociales, que dejaban el país con una alta inflación y una disminución en las reservas de divisas, respecto de la época del derrocamiento de Perón, y con una clase trabajadora resentida por el deterioro de sus ingresos reales y la proscripción del movimiento político que había respondido a sus intereses en el pasado.
En tales circunstancias, no fue ilógico que Arturo Frondizi desplegara su campaña presentándose como un opositor a todo lo que defendía la Revolución Libertadora. Al pedir que se pusiera fin a la persecución ideológica y política, y al prometer una amplia amnistía para los acusados de delitos de índole política, Frondizi anunció su intención de otorgar un carácter “nacional y popular” a la economía, y de integrar a la clase trabajadora en una participación activa en la vida nacional. Su manifiesta intención de gobernar con los más capaces sin tomar en cuenta a qué partido pertenecían, su programa, cuidadosamente calculado, de prioridades económicas con énfasis en el desarrollo de la industria pesada, su sensibilidad para las preocupaciones católicas en las áreas de la educación y la familia, todo ello sirvió para aumentar su atractivo y para suscitar entusiasmo por su candidatura más allá de las divisiones tradicionales y sobre todo entre los jóvenes. Las muchedumbres que se reunían durante sus apariciones en público y la aprobación de que era objeto por parte de nacionalistas, católicos, ex peronistas y hasta miembros del partido Comunista argentino, demostraron la eficacia de su campaña.
Ante el creciente empuje del movimiento frondicista, los partidarios de Balbín dentro del gobierno consideraron seriamente la posibilidad de permitir que candidatos peronistas concurrieran a la elección, como recurso para dividir a los simpatizantes de Frondizi. A principios de enero de 1958, el propio presidente Aramburu sugirió la idea de levantar la proscripción al partido Peronista durante una reunión de oficiales navales realizada en la base de Puerto Belgrano. La reacción fue casi unánimemente negativa; sólo dos de los oficiales superiores presentes se mostraron dispuestos a considerar la idea.
Aunque nada surgió de todo eso, el gobierno permitió a un grupo de partidos neoperonistas, inclusive la Unión Popular, el partido Blanco, el partido Populista y el partido de los Trabajadores, que se registraran en los tribunales electorales para obtener el derecho a presentar candidatos. Aquí puede señalarse una vez más que la Marina no estuvo de acuerdo en absoluto y entre bambalinas protestó severamente contra la situación. Hartung, el ministro de Marina, consideró que esos partidos eran simplemente el peronista con otros nombres y denunció su participación como una contradicción de las “Directivas Básicas” adoptadas por la Revolución Libertadora. En una extensa carta al presidente Aramburu, manifestó que la Armada estimaba que las cuestiones involucradas eran éticas y morales, así como políticas, y solicitó una urgente reunión de la Junta Militar para decretar la inmediata disolución de esos partidos. Pero la Marina se equivocó al esperar que la Fuerza Aérea y el Ejército compartirían su actitud, lo cual quedó demostrado cuando la Junta Militar analizó la cuestión en sus reuniones del 24 y 29 de enero. El presidente Aramburu, apoyado por Majó, el ministro de Ejército, y por Landaburu, de Aeronáutica, rechazó la propuesta de la Marina, expresando su confianza en el sentido de que los peronistas mismos estaban divididos y no tenían posibilidad de triunfar.
Las diferencias básicas dentro de la Junta respecto de la elección nunca se evidenciaron mejor que cuando sus miembros reaccionaron ante la preocupación de la Marina, temerosa de que los votos en blanco de la elección de julio pudieran responder a la orden de Perón de apoyar una lista de candidatos con un rótulo neoperonista. El presidente Aramburu, el ministro Majó y el ministro Landaburu, asumieron una actitud pragmática. Estaban dispuestos a aceptar una victoria neoperonista en una o dos provincias si el presidente y el resultado general eran democráticos; pero si los neoperonistas obtenían una victoria mayor, la elección debía anularse. La actitud de la Marina, por el contrario, se basaba en un principio coherente: ningún peronista, bajo ninguna denominación, podía concurrir a las elecciones. Los almirantes Rojas y Hartung adoptaron el punto de vista de que “era inmoral dejar correr en la elección a los neoperonistas, para luego escamotearles la elección si ganaban; que era más decente correr el riesgo de que se aglutinaran en la proscripción y hacer una elección limpia con los partidos democráticos”.
La negativa del presidente Aramburu a eliminar los partidos neoperonistas un mes antes de la elección se relacionaba con la creencia de que dividiendo los votos peronistas contribuirían a la victoria de la UCRP. En efecto, una encuesta general llevada a cabo por el SIDE a sugerencia de Aramburu, indicó hacia fines de enero que Balbín, de la UCRP, ganaría la elección con el 35 por ciento de los votos contra el 20 por ciento de la UCRI; el resto de los votos se distribuiría entre los restantes partidos, con sólo el 8 por ciento para los neoperonistas.
Fragmento del libro “El ejército y la política en Argentina. De Perón a Frondizi”, de Robert Potash