mediados de 1885, una vez finalizadas las campañas militares, se encontraban bajo la tutela de las autoridades nacionales en el sur del país una gran cantidad de indígenas, lo que significaba que lejos de desaparecer el problema del destino final de los indios sometidos seguía teniendo plena vigencia. Al respecto el ministro Carlos Pellegrini, al tratarse en el parlamento nacional el presupuesto del Ministerio de Guerra y Marina para el año 1886, explicaba a los legisladores que los fondos del año anterior destinados a la partida mantenimiento, traslación y colocación de indios había sido insuficiente, y que los gastos en el año entrante aumentarían aún más porque “la conquista del desierto y el sometimiento de los indios han venido a presentar al Congreso un nuevo problema a consecuencia de este sometimiento, la Nación tiene a su cargo cerca de ocho mil indios, cuya inmensa mayoría son familias. Y, además ese sometimiento continúa”.
En lo que hace al sur del territorio, según la información que brindaba Pellegrini, los indígenas que dependían del Estado eran cerca de cuatro mil y estaban ubicados en distintos puntos del territorio, muchos de ellos revistando como soldados en cuerpos auxiliares del Ejército.
La significativa cantidad de indígenas que todavía eran mantenidos por el Estado continuaba planteando la pregunta de qué destino debía dárseles, teniendo en cuenta que había finalizado la contienda y que su mantenimiento se volvía gravoso para el Tesoro nacional. Esto, sumado a las constantes irregularidades y abusos que se cometían a través del sistema hasta allí empleado, fueron razones de peso para que el gobierno nacional, ahora bajo la presidencia de Julio A. Roca, modificará su anterior posición respecto del destino final para los indígenas y enviará al Congreso, a principios de 1885, un proyecto de ley que preveía la conformación de colonias agrícolas pastoriles que se ubicarían en los nacientes territorios nacionales, fuera del contacto con otras colonias y con administración y autoridades específicas, dependientes del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Guerra y Marina como había sido anteriormente.
Fragmento del libro “Estado y cuestión indígena”, de Enrique Hugo Mases