A partir del 20 de julio de 1976, durante una semana, las luces del municipio de General San Martín, en Jujuy, se apagaron entre las diez de la noche y las seis de la mañana. Esa semana fueron secuestradas alrededor de cuatrocientas personas; estudiantes, obreros, empleados, gremialistas. Algunos fueron llevados maniatados y con los ojos vendados al centro clandestino de la localidad de Guerrero, a ciento veinte kilómetros del complejo agroindustrial Ledesma, en ese municipio. Fueron torturados por la policía. Los que “no iban a salir nunca más” fueron ubicados en el “Salón de los Sentenciados”; a otros los liberaron cerca del hospital de San Salvador de Jujuy, para que los curasen de las torturas que les infligieron; otros pasaron a ser detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Más de treinta secuestrados, después de esas noches, no aparecieron nunca más.
La empresa azucarera Ledesma, que actuaba como un “Estado paralelo” en el municipio, cedió apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en “La Noche de los Apagones”. También en la madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando el Ejército y la Gendarmería, con personal uniformado, entraron en las casas para llevarse a los que previamente estaban señalados en una lista. Muchos familiares dijeron haber visto el logo de la empresa Ledesma en las puertas de las camionetas. También fue denunciado Juan de la Cruz Kairuz, ex policía y entrenador del Club Atlético Ledesma -el equipo de la empresa que ese año jugó el campeonato Nacional de Primera División, por haber actuado en los allanamientos como personal civil pero dando órdenes a los uniformados. Kairuz vivía dentro del ingenio.
Desde hacía diez años, la Gendarmería había instalado una seccional en el predio de Ledesma: controlaba cada reclamo de los zafreros y ofrecía seguridad interna. La empresa le facilitaba a la fuerza de seguridad del Estado el inmueble y el combustible para los vehículos, y sostenía los gastos. Además, la empresa solía prestar vehículos cuando la policía detenía gremialistas, en virtud del escaso parque automotor de la fuerza de policía.
Uno de los secuestrados en la madrugada del 24 de marzo era Luis Arédez. En la década de los cincuenta había trabajado como médico en Ledesma, de donde fue despedido por recetar demasiados medicamentos a los trabajadores que padecían enfermedades en la temporada de zafra, según el argumento de la empresa.
En 1973 Arédez fue electo intendente del municipio Libertador General San Martín. Su gestión duró ocho meses. Hasta que el gobierno de Jujuy, con las tropas de Infantería y el Ejército, le intervino el municipio. Durante su mandato, con el voto del Concejo Deliberante, Arédez resolvió que Ledesma, el ingenio más grande de Latinoamérica, pagara por primera vez impuestos al municipio.
Desde la madrugada del golpe de Estado, cuando Arédez fue secuestrado en la camioneta de la empresa, permaneció desaparecido en la jefatura de la policía provincial y otras dependencias policiales. Su detención fue legalizada el 7 de octubre, cuando estaba en la unidad penal de Villa Gorriti, y fue trasladado al penal de La Plata.
Lo liberaron el 5 de marzo de 1977. Pero la libertad, de regreso a Jujuy, le duraría apenas unos meses.
El 13 de mayo, Arédez volvió a ser secuestrado cuando salía de su trabajo en el hospital de Fraile Pintado y nunca se supo más de él. Su auto apareció seis meses después en Buenos Aires.
Fragmento del libro “los 70, una historia violenta”, de Marcelo Larraquy.