Así despedía la truhanería periodística de alto bordo al gobierno popular elegido libremente por el pueblo en 1928. Los socialistas de Repetto se apresuraron a adular al inaudito vencedor, sin sospechar que muy poco tiempo después irían a dar con sus huesos a la Penitenciaría Nacional:
No hemos negado nunca decía Repetto, -en La Vanguardia-, ni siquiera discutido la pureza de los móviles que indujeron al general Uriburu a alzarse en armas contra el gobierno legal de la República; tampoco desconocemos la buena voluntad que ha puesto en todos sus actos para salir airoso de la difícil empresa que ha asumido.
En el Círculo de Armas se realizaba en esos días un banquete. El doctor Julio A. Roca decía en un discurso: «Hoy he vivido uno de los momentos más emocionantes de mi vida, solo, en un profundo recogimiento, frente al espectro de mis mayores, que parecían vindicarse del caudillo oscuro que les infirió el agravio de su barbarie».
El gobernador radical antipersonalista de Entre Ríos, Eduardo Laurencena, telegrafiaba al general Uriburu: «Ha librado usted al país de un gobierno desastroso». Y el 8 de septiembre, el nuevo ministro del Interior, doctor Matías Sánchez Sorondo, símbolo del período del sable, dirigía una arrogante alocución a la multitud:
“Una horda, un hampa, había acampado en las esferas oficiales implantando en ellas sus tiendas de mercaderes, comprando y vendiéndolo todo, desde lo más sagrado hasta el honor de la Patria […] la época yrigoyenista ha pasado ya vomitada por el pueblo al ghetto de la historia”.
Los diarios del día 7 informaban: «Serán puestos en comisión todos los magistrados judiciales», La Corte Suprema aún no había reconocido al gobierno provisional: esta noticia era una amenaza directa a su estabilidad. El gobierno provisional conminó a la Corte a reconocerlo en el acto. Los sobrios varones del más alto tribunal de justicia se apresuraron a firmar con mano temblorosa una acordada por la cual reconocían al gobierno de facto; firmaron el presidente Figueroa Alcorta, y los doctores Repetto, Guido, Lavalle y Sagarna, lo mismo que los secretarios y el procurador general. Si no se salvaban las libertades individuales, si se entregaba el patrimonio nacional a la voracidad de las empresas extranjeras, por lo menos esa acordada garantizaba a la Corte su propia existencia, que resultaba ser para la Corte, sin duda, algo precioso.
El 10 de septiembre el director del diario New York Times hablaba por teléfono con el general Uriburu indicándole que «el pueblo americano había sentido la sensación de frialdad con que el señor Yrigoyen encaraba las relaciones entre ambas naciones».
Un editorial del diario The Sun, de Nueva York, en la misma fecha, afirmaba que los capitales norteamericanos que han plantado fuertes jalones en la Argentina están naturalmente interesados en el desarrollo de la actual situación […] Por eso los banqueros norteamericanos, británicos y argentinos convinieron en ofrecer fondos al gobierno provisional para cubrir sus necesidades inmediatas, atestiguando su confianza en la estabilidad del nuevo gobierno.
Al día siguiente, Gran Bretaña y Estados Unidos reconocían al gobierno de facto. Míster Edward F. Smith, presidente de la Compañía Swift Internacional de Nueva York, expresaba:
“La declaración del presidente Uriburu en el sentido de que tratará de hacer más armoniosas las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos, ha producido la más sincera satisfacción entre los funcionarios de la Compañía Swift Internacional, pues coinciden con los anhelos propios”.
El diario La Journée Industrielle, de París, opinaba que estas revoluciones provienen de las costumbres heredadas de los españoles en sus antiguas colonias, de la tradición siempre autoritaria de los virreyes y de sus hábitos administrativos que continuaron bajo el régimen republicano … Yrigoyen debe su caída en gran parte a su desconocimiento absoluto de los factores económicos.
En el momento mismo de constituirse, el gobierno provisional se veía agradablemente sorprendido por el ofrecimiento de 100 millones de pesos de un grupo de banqueros de la plaza de Buenos Aires, con el objeto de solucionar los problemas inmediatos que aquejaban al gobierno. El nuevo ministro de Hacienda, doctor Enrique Pérez, ofrecía una conferencia de prensa el 14 de octubre. Anunciaba en ella la necesidad de reducir los sueldos y el número de empleados administrativos del Estado, si las primeras medidas no fuesen suficientes para atenuar el déficit. Se preparaban así cesantías en masa de empleados radicales.
La breve gestión de Uriburu constituyó una verdadera calamidad nacional. Aumentó el número de miembros de las Fuerzas Armadas a 50.000 hombres. En cambio, dejó cesantes a 20.000 empleados de la administración nacional central, 3.500 de los Ferrocarriles del Estado y 15.000 del Consejo Nacional de Educación.
Fragmento del libro “Revolución y contrarevolución en la Argentina”, de Jorge Abelardo Ramos