Una nueva denuncia judicial presentada por vecinos adjudicatarios del programa Lotear no solo expone presuntas irregularidades administrativas y financieras en la Municipalidad de Rawson, sino que deja al descubierto un dato político central: durante cinco años no existió ningún control efectivo por parte del Concejo Deliberante, el órgano que debía supervisar la ejecución del plan.
Cansados de pagar cuotas sin recibir respuestas, sin obras y sin explicaciones, los vecinos recurrieron a la Justicia luego de agotar todas las instancias administrativas. En ese recorrido no solo chocaron con el silencio del Ejecutivo municipal, sino también con la inacción absoluta del órgano de contralor, la comisión de seguimiento del programa Lotear del Concejo Deliberante, que jamás pidió informes ni cuestionó el evidente incumplimiento de los plazos y compromisos asumidos.
Fondos cobrados, pero invisibles en los presupuestos
El programa Lotear fue creado por la Ordenanza N° 8177/2021 con el objetivo de facilitar el acceso a la tierra a familias de bajos recursos, en cumplimiento del artículo 30 de la Carta Orgánica Municipal. Desde su implementación, la Municipalidad de Rawson comenzó a cobrar cuotas mensuales a los beneficiarios, generando ingresos públicos que debían ser registrados y asignados específicamente a la ejecución de obras de urbanización.
Sin embargo, el análisis de las ordenanzas de presupuesto de los ejercicios 2022, 2023, 2024, 2025 y buena parte del 2026 demuestra que durante años esos recursos no figuran en ningún rubro presupuestario, ni como ingresos ni como partidas afectadas. No existen referencias a “cuotas por lotes sociales”, “urbanización de lotes” ni conceptos equivalentes, a pesar de que el cobro fue constante desde 2021.
La omisión reiterada viola el principio de legalidad presupuestaria y refuerza la sospecha sobre el destino real de los fondos recaudados.
Cinco años sin urbanización y sin explicaciones
A la falta de registración contable se suma un dato imposible de ocultar: no hay obras. Cinco años después del inicio del programa, los lotes siguen siendo terrenos vacíos, sin agua, luz, gas ni cloacas.
En los presupuestos municipales no aparecen inversiones destinadas a infraestructura básica del programa, y las imágenes incorporadas como prueba muestran loteos sociales e intermedios completamente baldíos. Para los vecinos, el programa solo existe en los recibos de pago.
Un Concejo Deliberante que nunca controló
En el Concejo Deliberante funciona la comisión de seguimiento del programa Lotear, creada específicamente para controlar su ejecución. Sin embargo, en cinco años no pidió un solo informe, no alertó sobre el incumplimiento de plazos ni protestó por la falta de obras.
El dato es aún más grave si se considera que solo se necesitan tres votos para aprobar un pedido de informes sobre cualquiera de las múltiples irregularidades que hoy están a la vista.
Norma Medina, quien fue presidenta de la comisión de seguimiento del programa Lotear hasta el año pasado, reconoció públicamente que nunca pidió informes porque “el intendente Damián Biss es una buena persona y no tengo dudas de que va a cumplir con todos los vecinos”. Esa frase, lejos de despejar dudas, terminó de confirmar que el órgano de control funcionó más como una extensión política del Ejecutivo que como un espacio de fiscalización.
Oposición que también miró para otro lado
Si bien resulta esperable que los seis concejales oficialistas hayan optado por el silencio, las críticas ponen el foco en los cuatro ediles de la oposición que fueron elegidos para controlar y cuestionar las acciones de gobierno, pero que terminaron siendo funcionales a la gestión de Damián Biss.
La libertaria Ester Luque (La Libertad Avanza), el camporista Federico González y los concejales Germán Gusella y Laura Tonso, del bloque Despertar Rawsense, no lograron impulsar ningún pedido de informes ni acciones concretas frente al evidente incumplimiento del programa.
En el caso de Gusella y Tonso, su comportamiento fue incluso más alineado con el oficialismo que el del propio Juan Flores Revillot, yerno del intendente Biss, acompañando con su voto prácticamente todas las iniciativas del Ejecutivo.
Federico González, por su parte, había advertido en noviembre de 2024 que los plazos del programa vencían en marzo de 2025. Sin embargo, casi un año después de vencidos esos plazos, el edil no volvió a pronunciarse sobre el tema ni a reclamar por la falta de cumplimiento.
La aparición tardía del Lotear en el presupuesto 2026
Recién en el Presupuesto 2026 el programa Lotear aparece detallado en ingresos y egresos, con partidas que superan los 1.100 millones de pesos. Para los denunciantes, esta inclusión tardía no hace más que confirmar que durante años el programa fue deliberadamente invisibilizado en los presupuestos y que su aparición coincide con el avance de las denuncias judiciales.
Qué debería investigar la Fiscalía
La presentación plantea que la Fiscalía no solo debe investigar al Ejecutivo municipal, sino también reconstruir el circuito del dinero y las responsabilidades institucionales. Entre las medidas básicas de prueba se solicita que se requiera al Concejo Deliberante el libro de actas de la comisión de seguimiento del programa Lotear, para determinar si efectivamente funcionó y qué decisiones tomó.
También se pide que la Tesorería municipal informe los montos exactos de la recaudación del programa, con cifras actualizadas desde su inicio, discriminando ingresos por tipo de plan, períodos de cobro y estado de mora, además de detallar inversiones, pagos realizados, destino de los fondos y proveedores involucrados.
Presuntos delitos y un fracaso político colectivo
Desde el punto de vista penal, la denuncia encuadra los hechos en los delitos de estafa y malversación de caudales públicos. Pero más allá de la calificación jurídica, el caso Lotear expone un fracaso político colectivo: un Ejecutivo que cobró sin cumplir, un Concejo Deliberante que nunca controló y una oposición que eligió el silencio.
Cinco años después, los vecinos siguen pagando por un lote que nunca se convirtió en hogar y recurrieron a la Justicia como último recurso frente a un Estado municipal que, en todos sus niveles, les dio la espalda.
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