La causa judicial contra el intendente de Rawson, Damián Biss, vinculada al programa Lotear suma nuevos movimientos procesales y, según pudo confirmar este medio, avanza a buen ritmo en la órbita del Ministerio Público Fiscal. El expediente ya cuenta con siete fojas incorporadas y el fiscal interviniente solicitó formalmente documentación al Municipio de Rawson para esclarecer el estado administrativo, financiero y técnico del plan.
En los últimos días, el propio intendente de Rawson, Damián Biss, solicitó formalmente una prórroga para completar la documentación requerida por la Fiscalía, el cual quedó plasmado en una nota fechada el 21 de enero de 2026, bajo la referencia “Respuesta requerimiento – Oficio N° 90/25”.
En el escrito, el intendente solicita “otorgarnos una prórroga para completar la respuesta a lo oportunamente solicitado por oficio de referencia” y reconoce que, “debido a un error involuntario, en la respuesta remitida con fecha 28/7/25, se omitieron algunos datos del total requerido”.
La nota agrega que “a la brevedad posible se completará dicha información, para lo cual ya están trabajando los equipos técnicos de este Municipio”.
El reconocimiento de omisiones en la información remitida inicialmente constituye un dato relevante dentro del proceso, ya que la Fiscalía había solicitado documentación específica vinculada al programa Lotear, incluyendo aspectos administrativos, financieros y técnicos.
Algunas fuentes deslizan la sospecha de que “muchos papeles no estarían en orden o directamente no existirían”, aunque esa hipótesis deberá confirmarse en el marco de la investigación formal.
Plazos vencidos y pagos realizados
De acuerdo a la información recabada, los beneficiarios del programa cumplieron con los esquemas de pago previstos -en algunos casos hasta 36 cuotas- y los plazos de ejecución ya se encuentran vencidos. Sin embargo, la urbanización prometida no estaría concluida y la entrega formal de los terrenos continúa demorada.
La Fiscalía intenta determinar:
- El destino de los fondos recaudados, proveedores involucrados y las responsabilidades institucionales.
- El estado real de las obras de infraestructura, inversiones.
- La existencia de documentación técnica y administrativa respaldatoria.
- El cumplimiento del contrato de adhesión firmado por los vecinos.
- El rol de la comisión de seguimiento del Concejo Deliberante
El pedido de informes apunta a obtener balances, registros contables, discriminando ingresos por tipo de plan, períodos de cobro y estado de mora, certificaciones de obra, expedientes administrativos y resoluciones vinculadas al programa.
Movimiento acelerado de obras y anuncios
En paralelo al avance judicial, el Ejecutivo municipal habría instruido a distintas áreas a acelerar el movimiento en los sectores comprendidos por Lotear. En las últimas semanas se observaron tareas y anuncios vinculados a próximas entregas.
Desde el entorno judicial interpretan que estos anuncios podrían estar orientados a demostrar avances concretos y a descomprimir la presión judicial, en un contexto en el que la investigación comienza a ingresar en una etapa más técnica y documental.
Un año después de los vencimientos
El punto más delicado de la causa es el desfase temporal: los contratos establecían plazos concretos para la urbanización y entrega, y esos tiempos ya fueron superados ampliamente. La pregunta que ahora busca responder la Fiscalía es si existió incumplimiento contractual, irregularidades administrativas o un eventual desvío en la afectación de los recursos.
Con siete fojas incorporadas y pedidos de documentación en curso, la causa empieza a tomar volumen institucional. La respuesta del Municipio a los requerimientos del fiscal será determinante para definir el rumbo procesal del expediente.
Mientras tanto, los vecinos continúan a la espera de una definición concreta: pagaron sus terrenos, los plazos se vencieron y la entrega sigue sin materializarse.