Damián Biss busca avanzar a contrarreloj con una operación inmobiliaria que rondaría los 400 millones de pesos, en el marco del proyecto de creación del Museo Municipal de Rawson. El intendente convocó a sesión ordinario para esta semana y el Concejo Deliberante de Rawson podría aprobar la ratificación del convenio firmado entre la Municipalidad de Rawson y la familia Laurini para la adquisición de un inmueble ubicado en el casco céntrico de la ciudad, mediante un esquema de canje de tierras, pagos en dólares y condonación de deudas.
El miércoles pasado, el secretario de Planificación municipal, Pablo Villalobos, se presentó ante los concejales para explicar los alcances del proyecto. Allí dejó en claro que el acuerdo con los propietarios ya “está cerrado” y que el cuerpo legislativo no puede introducir modificaciones.
“Los valores los analicé yo y son correctos, el acuerdo es muy beneficioso para el municipio, necesitamos que esto se apruebe como se los mandamos”, sostuvo el funcionario.
Según el convenio y su addenda, el municipio se compromete a transferir cuatro terrenos en Playa Unión, valuados en alrededor de 50 mil dólares cada uno, a lo que se suma el pago de USD 56.000 en efectivo, en diez cuotas mensuales, y la condonación total de las deudas que el inmueble mantiene con el municipio. La operación no cuenta con tasaciones oficiales de inmobiliarias ni de organismos técnicos independientes, sino que se apoya exclusivamente en la valoración realizada por el joven funcionario.
El acuerdo incorpora además cláusulas que elevan de manera significativa el riesgo financiero para las arcas municipales. En caso de mora o retraso en el pago de cualquiera de las cuotas, el municipio (que tiene deudas con todos sus proveedores) deberá abonar un interés punitorio del 5% mensual acumulativo, que se aplica de forma automática y sin necesidad de intimación previa. En términos concretos, ese interés equivale a más del 60% anual, un nivel claramente desproporcionado para una administración pública que se encuentra en emergencia económica desde hace más de ocho años.
El apuro del Ejecutivo quedó reflejado en la convocatoria a sesión extraordinaria para lograr la ratificación del convenio. La urgencia, sin embargo, resulta difícil de justificar. No se trata de una inversión vinculada a servicios esenciales, como una sala de primeros auxilios, la reparación de infraestructura crítica de agua o la adquisición de maquinaria para obras prioritarias. Se trata de la compra de un inmueble antiguo y deteriorado, que podría preservarse mediante una declaratoria de patrimonio histórico, alternativa que permitiría conservar el edificio sin comprometer recursos millonarios.
Más allá del pago en dólares y de la cesión de más de mil metros cuadrados de suelo fiscal en Playa Unión, una de las zonas de mayor valorización inmobiliaria, la operación se agrava porque el municipio asume costos que, en una transacción equilibrada, deberían recaer en los privados. Entre ellos, la mensura, el fraccionamiento, la urbanización completa de los terrenos, la conexión de servicios esenciales, los honorarios de la inmobiliaria interviniente y el pago de deudas preexistentes del inmueble a adquirir, exponiendo al erario a un encarecimiento sostenido del acuerdo.
A esto se suma una cláusula de rescisión particularmente desfavorable para el Estado municipal. Ante cualquier incumplimiento, los propietarios podrían rescindir el contrato y conservar los lotes en Playa Unión junto con las cuotas en dólares ya abonadas, mientras que el municipio debería restituir el inmueble adquirido, libre de deudas y gravámenes. En un contexto de fragilidad financiera, el riesgo de mora deja de ser una hipótesis lejana para transformarse en una posibilidad concreta, siempre en perjuicio del patrimonio público.
El esquema elegido se inscribe, además, en un patrón de gestión que ya dejó antecedentes recientes. El año pasado, el municipio desembolsó 1.300 millones de pesos para adquirir las ruinas del predio de la ex Mulco Sur, con la promesa de desarrollar allí un polo educativo. Más de un año después, no hubo avances concretos, no se ejecutaron obras y el lugar se encuentra en peor estado que antes de la compra.
Con todos estos elementos sobre la mesa, la decisión final ahora queda en manos del Concejo Deliberante de Rawson. Serán los concejales quienes, con su voto, deberán asumir la responsabilidad política y patrimonial de convalidar -o rechazar- un convenio que compromete recursos clave y el patrimonio de todos los rawsenses, en una ciudad que continúa funcionando bajo emergencia económica.