La Municipalidad de Rawson volvió a mostrar apuro para avanzar con una decisión que compromete recursos públicos de magnitud. El intendente Damián Biss convocó a sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Rawson para tratar la ratificación del convenio que habilita la compra de una casa antigua y deteriorada por un valor superior a los 350 millones de pesos, destinada a la creación del Museo Municipal. La pregunta es inevitable: ¿dónde está la urgencia?
No se trata de una oportunidad única para el municipio. No hay otros compradores en fila ni una ventana irrepetible que obligue a decidir a las apuradas. Sí es, en cambio, una oportunidad excepcional para los propietarios, la familia Laurini, ya que el convenio les garantiza una salida altamente beneficiosa: los cuatro hermanos recibirán cada uno un lote de muy buen valor inmobiliario en Playa Unión, además del cobro de cuotas en dólares y la condonación de deudas municipales.
El apuro del Ejecutivo no es menor. El convenio establece que una vez ratificado, el municipio debe comenzar de inmediato a pagar las cuotas en dólares. En una ciudad donde el propio Estado local le debe a proveedores, contratistas y prestadores de servicios, la urgencia por empezar a pagar una operación inmobiliaria privada resulta, como mínimo, llamativa. El acuerdo tiene además una cláusula que establece que en el caso de mora o retraso en el pago de cualquiera de las cuotas, el municipio deberá abonar un interés punitorio del 5% mensual acumulativo, que se aplica de forma automática y sin necesidad de intimación previa.
El millonario desembolso no apunta a resolver necesidades urgentes. Rawson tiene calles destruidas, no se tapa un solo bache de manera sistemática y el parque automotor está obsoleto. En los 6 años de gestión, no compró una sola maquinaria para renovar la flota pesada municipal, hoy se utilizan los viejos camiones y motoniveladoras adquiridos en los gobiernos de Ventura, Helmer y Artero. En ese contexto, destinar recursos millonarios a la compra de un inmueble viejo para un museo no parece responder a una prioridad pública, sino a una decisión política difícil de explicar.
Más aún, si lo que realmente le importa al municipio es conservar el edificio por su valor histórico, existe una alternativa legal, rápida y sin costo millonario: declararlo patrimonio cultural. Este mecanismo ha sido utilizado en numerosos casos, tanto a nivel local como nacional, para proteger inmuebles de valor simbólico sin necesidad de que el Estado los compre. Ejemplos sobran: en Trelew el Hotel Touring Club, el Molino Harinero, las capillas Moriah y Tabernacl, el salón San David y los teatros Español y Verdi y el edificio municipal, entre otros, están preservados bajo regímenes de protección patrimonial.
Con una declaración de este tipo, el inmueble queda legalmente protegido, se prohíbe su demolición o alteración sustancial, y se garantiza su conservación, sin que el municipio deba desembolsar cientos de millones de pesos ni asumir pagos en dólares. Si ese camino existe y es habitual, vuelve a surgir la pregunta: ¿por qué el apuro por comprar?
Otro punto central es el rol que asumirá el Concejo Deliberante. Hasta ahora, el único respaldo de la operación es la palabra del secretario de Planificación, Pablo Villalobos, quien aseguró que los valores son correctos y que el acuerdo es beneficioso. No hay tasaciones independientes, ni informes técnicos externos que avalen el precio del inmueble ni el valor real de los terrenos municipales que se entregan en canje. La pregunta es concreta: ¿los concejales exigirán las tasaciones correspondientes o se conformarán con lo que dijo el funcionario?
La discusión no es cultural. Cada decisión que se tome compromete bienes que pertenecen a todos los rawsenses. Y el antecedente inmediato no juega a favor del control legislativo: el año pasado ratificaron el convenio para la adquisición del edificio de la ex Mulco Sur por $ 1.300 millones para la supuesta creación de un polo educativo. A más de 6 meses, el lugar sigue igual y no se proyecta nada en el corto o mediano plaza. Lo único concreto es el desembolso millonario realizado por la gestión Biss.
Durante todos estos años, el Concejo Deliberante funcionó como una escribanía del Ejecutivo, aprobando de manera sistemática todo lo que el Ejecutivo envió, sin cuestionamientos de fondo ni rechazos, incluso en operaciones de alto impacto económico.
Esta vez, la responsabilidad es directa. Si se ratifica el convenio, el municipio empezará a pagar en dólares, entregará terreno fiscal de alto valor y asumirá compromisos financieros en una ciudad atravesada por la emergencia económica. No hay apuro para Rawson. La decisión está ahora en manos de los concejales: controlar, exigir explicaciones y defender el patrimonio público, o volver a levantar la mano sin preguntar.
¿Los concejales pagarían con su patrimonio personal $ 350 millones por una propiedad que no vale un tercio de ese dinero?