La investigación judicial que busca determinar qué ocurrió detrás del video en el que el abogado Martín Castro recibe 12 millones de pesos y menciona a la fiscal Julieta Gamarra continúa avanzando con pericias informáticas sobre los teléfonos secuestrados, aunque todavía persisten interrogantes centrales sobre el caso.
Así lo confirmó el fiscal Omar Rodríguez, quien reveló que actualmente se analiza la información extraída de dos teléfonos celulares: uno perteneciente a la familia de la persona que entregó el dinero y otro vinculado al entorno de Castro. Sin embargo, explicó que el aparato que habría utilizado el abogado al momento de los hechos todavía no pudo ser encontrado.
“En un segundo allanamiento se intentó dar con ese teléfono que él utilizaba y que es el teléfono que habría utilizado en el momento de ocurrir los hechos. Ese teléfono es el que no se encontró”, señaló Rodríguez.
El fiscal indicó que los peritos trabajan sobre la información obtenida de los dispositivos secuestrados y que una vez finalizado ese proceso se evaluará qué datos resultan relevantes para la causa. No descartó además que parte de la información pueda recuperarse a través de servicios de almacenamiento en la nube.
“Todavía estamos averiguando si hay delito”
Rodríguez aclaró que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que aún no existe ninguna imputación formal contra los involucrados. “Lo que estoy averiguando ahora es si con los elementos que nosotros contamos hay o no hay un delito en primer lugar, y después determinar quién es el autor”, explicó.
La definición resulta relevante porque en las últimas semanas el caso generó un fuerte impacto institucional luego de la difusión del video en el que Castro recibe el dinero y hace referencia a la fiscal Gamarra.
La incógnita que Castro aún no explicó
Consultado sobre las declaraciones públicas realizadas por los protagonistas, Rodríguez recordó que tanto Castro como Gamarra rechazaron haber cometido algún ilícito. Según indicó, la fiscal sostuvo que fue utilizada en la maniobra y que no tuvo ninguna participación en los hechos, mientras que el abogado afirmó que los 12 millones de pesos correspondían al cobro de honorarios profesionales.
Sin embargo, el fiscal remarcó que existe un aspecto que Castro nunca aclaró. “Él dijo que ese dinero era en concepto de honorarios, pero no dijo nada de por qué”, respondió Rodríguez cuando se le preguntó específicamente por la mención realizada a Gamarra.
Gamarra continúa en funciones
Rodríguez también confirmó que Julieta Gamarra continúa desempeñándose normalmente dentro de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFEDAP).
El fiscal recordó que hasta el momento no existe ninguna imputación en su contra y que la funcionaria presentó su descargo negando cualquier participación en la maniobra.
Distinta es la situación de Castro, quien fue suspendido preventivamente de sus funciones en la Fiscalía de Estado mientras avanza la investigación.
“La corrupción tiene penas muy bajas”
Rodríguez aprovechó para formular una crítica al sistema penal argentino en materia de delitos contra la administración pública. Sostuvo que las penas previstas para hechos de corrupción son considerablemente más bajas que las establecidas para otros delitos patrimoniales.
“Lamentablemente las penas de corrupción tienen muy poca severidad. Son de las más bajas dentro de la escala penal”, afirmó.
Y agregó una reflexión que apunta al debate sobre una eventual reforma legislativa: “Se castiga con mucha mayor severidad al que roba una gallina o entra a un domicilio que a quienes afectan bienes del Estado”.
Nota elaborada en base a declaraciones al Facebook Silvina Cabrera