El Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut puso en marcha el proceso de evaluación de desempeño de la fiscal general de Trelew, Julieta Gamarra, al cumplirse los primeros tres años de su gestión en el cargo. En ese marco, se solicitó formalmente al Colegio Público de Abogados de la ciudad que recabe y remita opiniones fundadas sobre su desempeño profesional.
La convocatoria fija como plazo límite el 26 de marzo de 2026 para la presentación de informes, en los que los matriculados podrán expresar su visión respecto del accionar de la magistrada durante el período comprendido entre el 1 de marzo de 2023 y el 1 de marzo de 2026.
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
El requerimiento se enmarca en lo establecido por el artículo 192 inciso 5° de la Constitución de Chubut y el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que prevén instancias periódicas de evaluación para los funcionarios judiciales.
Desde el organismo se busca relevar información directa de los profesionales que interactúan cotidianamente con la fiscal, con el objetivo de analizar su idoneidad, desempeño y conducta en el ejercicio de sus funciones.
QUÉ SE EVALÚA
En concreto, el Consejo solicita a los abogados que aporten información sobre tres ejes principales:
Existencia de quejas o reclamos vinculados al desempeño de la fiscal, acompañando en su caso documentación y detalles sobre el trámite dado a esas presentaciones.
Trato profesional de Gamarra con los abogados del foro local, un aspecto clave en el funcionamiento cotidiano del sistema judicial.
Otros datos relevantes que puedan contribuir a una evaluación integral de su desempeño y aptitudes.
CONTEXTO SENSIBLE
El proceso de evaluación se produce en un escenario particularmente delicado para la fiscal. En los últimos días, Julieta Gamarra quedó implicada en el video que se viralizó la semana pasada, en el que se observa al abogado Martín Castro recibiendo $12 millones de pesos de la madre de un acusado, bajo el argumento de que ese dinero sería entregado a la fiscal para morigerar un pedido de condena de cuatro años a uno.
El caso, que generó un fuerte impacto público y derivaciones institucionales, puso bajo la lupa el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y añadió un elemento de máxima sensibilidad al proceso de evaluación que ahora impulsa el Consejo de la Magistratura.
PLAZO Y EXPECTATIVA
Con la fecha límite establecida para fines de marzo, se espera una participación activa de los profesionales del derecho, cuyos aportes serán determinantes para la elaboración del informe final que evaluará la continuidad y desempeño de la magistrada en su función.
El proceso se inscribe dentro de los mecanismos de control institucional previstos para garantizar la calidad y transparencia en el funcionamiento del sistema judicial de la provincia.