Durante décadas se repitió en Comodoro Rivadavia una advertencia que parecía lejana: el eventual agotamiento del recurso petrolero. Más de medio siglo después de aquellas primeras premoniciones, el escenario dejó de ser hipotético. El yacimiento dejó de ser económicamente rentable y la empresa madre -YPF- se retiró, un proceso que en cualquier otra ciudad sería parte del ciclo normal de la actividad económica, pero que en Comodoro adquirió dimensiones traumáticas.
La explicación excede largamente lo económico. YPF no fue solo una empresa: fue la columna vertebral de la ciudad. Sus gerentes tuvieron durante años más peso que los intendentes y desde la estructura empresarial se definieron decisiones centrales para la vida comunitaria. Esa relación de dependencia marcó una forma de organización urbana, política y social que nunca logró reformularse del todo tras el repliegue de la petrolera.
Sin embargo, la retirada de YPF no fue abrupta ni carente de advertencias. Hace más de 30 años la empresa desactivó el departamento de sismografía y dejó constancia expresa de que la zona donde se emplazaba -incluidas viviendas construidas para su personal- presentaba inestabilidad sísmica y no era apta para desarrollos habitacionales privados.
Una advertencia similar se formuló respecto del Cerro Hermitte. Tanto el Instituto de Sismografía Nacional como técnicos y geólogos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Comodoro Rivadavia, elaboraron en el año 2000 un documento en el que se señalaba con claridad que no debía construirse en las laderas del cerro debido a su inestabilidad. El informe fue presentado ante el Departamento Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante de entonces, lo que derivó en la paralización de las obras previstas en esa zona.
El punto de inflexión llegó a partir de 2003. Con aval del municipio, comenzaron construcciones a gran escala en áreas previamente calificadas como riesgosas. A ese proceso se sumaron la cooperativa local, que extendió servicios de agua y electricidad, y la empresa Camuzzi, que amplió las redes de gas, consolidando de hecho la urbanización de sectores que habían sido expresamente desaconsejados por informes técnicos y académicos.
En este contexto, resulta llamativa la posición del diputado nacional Juan Pablo Luque, quien atribuyó a YPF la responsabilidad por la catástrofe social y económica que atraviesa hoy Comodoro Rivadavia. La afirmación abre un interrogante inevitable: ¿en qué tramo de la cadena de decisiones se diluyen las responsabilidades políticas e institucionales?
YPF advirtió que no había que construir. La Universidad hizo lo mismo. El Instituto de Sismografía Nacional también dijo que no. Aun así, las autorizaciones municipales avanzaron, los servicios se extendieron y los barrios crecieron sobre terrenos inestables. El señalamiento exclusivo hacia la empresa petrolera parece, como mínimo, una simplificación conveniente de un problema mucho más profundo.
Tal vez el verdadero conflicto no sea lo que ocurrió, sino la persistente dificultad para asumir lo que durante años se eligió no ver.