El reciente debate en el Senado de la Nación por la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada volvió a poner en el centro de la escena un tema particularmente sensible para Chubut: quién puede quedarse con las tierras, qué ocurre con las superficies fiscales y hasta dónde pueden flexibilizarse las normas destinadas a proteger los bosques y los recursos naturales. Una discusión que en la provincia inevitablemente remite al denominado “Curro Verde”, el polémico mecanismo que durante años permitió avanzar con la adjudicación y transferencia de tierras fiscales con bosque nativo.
El proyecto impulsado por el Gobierno nacional llegó al Senado con un capítulo que modificaba el régimen de tierras y flexibilizaba las restricciones para la adquisición por parte de extranjeros. Finalmente, ante la falta de votos, ese capítulo fue retirado antes de la votación. Para Chubut, la discusión no debería resultar desconocida.
Dos decretos y una Constitución en el medio
La historia en nuestra provincia comenzó durante la primera gestión de Mario Das Neves con el dictado del Decreto 712/04 y su modificatorio 74/05, todo con la supervisión y el aval del entonces Fiscal de Estado, Jorge Miquelarena.
El punto central de la controversia estaba en el artículo 105 de la Constitución de Chubut. La Carta Magna establece un régimen especial para los bosques nativos y reserva a la Provincia el dominio sobre ese recurso, además de exigir condiciones legislativas particularmente estrictas para avanzar sobre esas tierras.
Sin embargo, los decretos establecieron un mecanismo administrativo mediante el cual podía deslindarse el bosque nativo de la superficie fiscal y continuar con el trámite de adjudicación del inmueble.
De esa manera, lo que la Constitución había resguardado terminó siendo administrado mediante decretos del Poder Ejecutivo. El “Curro Verde” fue uno de los capítulos más escandalosos de la administración de las tierras públicas de Chubut: un verdadero latrocinio de tierras fiscales con bosque nativo, posibilitado por dos decretos que permitieron sortear las restricciones establecidas por la Constitución Provincial.
Durante años, ese sistema permitió avanzar con adjudicaciones, contratos y títulos sobre tierras fiscales con bosques. Políticos y empresarios amigos del poder se quedaron con miles de hectáreas con bosques nativos, un multimillonario negocio inmobiliario que benefició al poder de turno.
Fue así como comenzó a instalarse una denominación que sobrevivió al paso de los años: “Curro Verde”.
La Justicia llegó a frenar las operaciones
La controversia terminó llegando al Superior Tribunal de Justicia. En noviembre de 2015, el máximo tribunal provincial ordenó suspender cautelarmente toda enajenación de tierras con bosque nativo en Chubut.
El planteo cuestionaba la constitucionalidad de los artículos centrales de los decretos y sostenía que el Poder Ejecutivo se había atribuido facultades que correspondían a la Legislatura.
La Justicia había puesto bajo análisis si durante años se había utilizado un mecanismo administrativo para disponer de tierras y bosques que la Constitución Provincial había protegido especialmente.
En 2019 la Legislatura intentó terminar con el “Curro Verde”
Catorce años después de la instrumentación del mecanismo, la Legislatura decidió avanzar.
El 9 de mayo de 2019 sancionó la norma que posteriormente se convertiría en la Ley XVII N.º 143. El texto fue contundente: declaró “insanablemente nulo de nulidad absoluta y carente de validez desde su dictado” al Decreto 712/04 y a su modificatorio 74/05.
Pero fue todavía más lejos.
La nulidad alcanzaba también los actos administrativos, contratos y títulos de propiedad otorgados a partir de aquellos decretos.
En otras palabras, la Legislatura no pretendía solamente impedir nuevas operaciones: buscaba revisar lo que se había hecho durante aproximadamente quince años.
El entonces gobernador Mariano Arcioni vetó totalmente la iniciativa. Sin embargo, la Legislatura insistió con la mayoría necesaria y la ley terminó entrando en vigencia en junio de 2020. Fue el principio del fin del denominado “Curro Verde”.
El debate nacional vuelve a encender una alarma conocida en Chubut
Por eso la discusión que acaba de atravesar el Senado nacional tiene en Chubut un antecedente que merece ser recordado. El Gobierno nacional pretendía modificar el régimen de tierras y flexibilizar las restricciones existentes para extranjeros. La resistencia de distintos sectores políticos y gobernadores terminó obligando al oficialismo a retirar ese capítulo para conseguir los votos necesarios para aprobar el resto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La experiencia chubutense demuestra por qué cualquier modificación sobre tierras fiscales, bosques, recursos naturales y territorios estratégicos requiere controles institucionales particularmente estrictos. Porque Chubut ya conoció lo que sucede cuando las barreras destinadas a proteger el patrimonio territorial comienzan a flexibilizarse.
Durante años se otorgaron tierras fiscales mediante un régimen creado por dos decretos cuya constitucionalidad fue severamente cuestionada. Hubo operaciones inmobiliarias, intervino el Superior Tribunal de Justicia, la Legislatura terminó declarando nulo todo el mecanismo.
El resultado es una historia de más de veinte años en la que tierras fiscales y bosques nativos quedaron atrapados entre decretos, leyes, vetos, fallos judiciales y negocios inmobiliarios. Una historia que Chubut conoció como “Curro Verde” y que adquiere nuevamente actualidad cada vez que desde el poder político se propone flexibilizar las reglas para disponer de la tierra y los recursos naturales.