La definición de la nueva concesión del transporte urbano de pasajeros en Comodoro Rivadavia sumó un nuevo capítulo de tensión política y judicial. El asesor legal de Patagonia Argentina, José María Ferreira de las Casas, confirmó que la empresa notificó formalmente a los concejales sobre las acciones judiciales en marcha contra el proceso licitatorio y advirtió que quienes aprueben el contrato firmado entre el Municipio y Grupo MR podrían quedar incluidos en la denuncia penal presentada por la compañía.
La advertencia se produce mientras el Concejo Deliberante analiza el convenio suscripto por el intendente Othar Macharashvili con la firma puntana que resultó adjudicataria de la concesión por los próximos diez años. Aunque desde el Ejecutivo se avanzó con la firma del contrato, los concejales todavía no otorgaron la ratificación definitiva y solicitaron un dictamen legal independiente para evaluar la documentación.
Según explicó Ferreira de las Casas, Patagonia Argentina mantiene dos frentes abiertos contra el proceso. Por un lado, una demanda judicial que busca la nulidad de toda la licitación y que ya fue notificada a la Municipalidad. Por otro, una denuncia penal contra los funcionarios que participaron de la adjudicación a Grupo MR y del rechazo a las impugnaciones presentadas por la actual prestataria.
“Se informó honestamente a los señores concejales que todo aquel que apruebe ese convenio será incluido en la denuncia porque está en la misma situación que los firmantes”, sostuvo el abogado, quien rechazó que se trate de una presión sobre los ediles. “No es una apretada, es una información útil y deberían agradecerla”, afirmó.
El representante legal de Patagonia Argentina también cuestionó aspectos centrales del proceso licitatorio. En particular, aseguró que existen diferencias entre las condiciones establecidas en el pliego y las que finalmente fueron incorporadas al contrato firmado por el Ejecutivo municipal.
“El pliego decía que eran necesarias 121 unidades. Patagonia ofreció 124 y Grupo MR ofreció 130. Sin embargo, ahora han firmado un acta donde el servicio se va a prestar con 95 unidades”, señaló. A partir de esa situación, calificó al proceso como un “amañado y vergonzoso acto licitatorio” y sostuvo que los concejales buscan determinar si el contrato respeta efectivamente las condiciones aprobadas originalmente.
En ese marco, Ferreira de las Casas indicó que el Concejo Deliberante encargó un análisis jurídico para verificar si existen modificaciones sustanciales entre el pliego licitatorio y el contrato firmado. “Los concejales están advirtiendo estas circunstancias y han pedido un dictamen legal independiente para ver si el contrato replica lo que se estableció en el pliego y no se modificaron pautas en beneficio de MR”, afirmó.
El abogado también cuestionó que la adjudicación se hubiera concretado sin un dictamen legal previo dentro de la Municipalidad, en momentos en que el área jurídica atraviesa cambios internos.
Mientras tanto, la disputa sigue abierta en los tribunales y suma incertidumbre sobre el futuro de la concesión. De acuerdo con Ferreira de las Casas, el contrato establece un plazo de 90 días para la puesta en marcha del nuevo operador, por lo que Grupo MR debería comenzar a prestar el servicio el próximo 1 de septiembre. “Si vamos a escuchar todas las cosas que han dicho, vamos a terminar un poco confundidos”, ironizó al ser consultado sobre versiones que hablaban de una asunción mucho más próxima por parte de la nueva empresa.
Nota elaborada en base a declaraciones al programa Redacción 20 de LU20