La Justicia Federal resolvió prorrogar por otros cuatro meses la intervención de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, por lo que en febrero de 2027 se cumplirán dos años desde que la institución quedó bajo administración judicial. Pese al tiempo transcurrido, todavía existen cuestiones fundamentales sin resolver, mientras los usuarios han soportado aumentos tarifarios superiores al 150% desde la llegada del interventor Juan Manuel Ibáñez.
La nueva extensión fue dispuesta por el juez federal Hugo Sastre, quien consideró necesario otorgar más tiempo para avanzar en asuntos pendientes, entre ellos la deuda con CAMMESA, el contrato de concesión de los servicios públicos, la definición de un esquema tarifario sostenible y la regularización de cuestiones administrativas y contables.
Ibáñez se mostró conforme con la decisión y defendió su gestión. “Nosotros no solo estamos conformes con las tareas que hemos realizado, lo hemos informado al juzgado, sino también con los términos propios que ha fijado el juez Sastre”, manifestó.
El interventor aseguró que durante estos meses lograron revertir el déficit operativo que presentaba la institución y destacó una serie de trabajos de infraestructura. Sin embargo, buena parte de los resultados que enumeró merecen ser analizados en función del tiempo transcurrido, los recursos disponibles y el esfuerzo económico que vienen realizando los usuarios.
Entre los logros mencionados por Ibáñez aparece la renovación de luminarias LED en distintos sectores de Rawson, Playa Unión y Playa Magagna, además de trabajos de iluminación en avenidas, plazas y espacios públicos. Se trata de intervenciones necesarias, aunque de complejidad y costos relativamente bajos frente a los grandes desafíos estructurales que enfrenta la Cooperativa. Las obras de mayor consideración, como la iluminación de la avenida Marcelino González en Playa Unión, fueron financiadas con recursos del Gobierno provincial.
Otro de los avances que Ibáñez presentó como significativo fue haber conseguido que la Cooperativa de Dolavon comenzara a pagar regularmente la electricidad que consume. “El vecino de Rawson también dejó de sustentar un consumo ajeno”, afirmó el interventor, al explicar que durante años la Cooperativa capitalina afrontó costos correspondientes al suministro eléctrico de la localidad vecina.
Sin embargo, conseguir que otra cooperativa pague por la energía que utiliza constituye una obligación elemental dentro de cualquier relación comercial entre prestadores de servicios, más que un resultado extraordinario de gestión.
Además, el propio Ibáñez reconoció que la deuda acumulada por Dolavon durante los años en que no pagó continúa sin resolverse, pese a que la intervención ya lleva más de un año y medio.
“Nos queda resolver la deuda por los años en que justamente no se pagó. Entiendo que estamos avanzados y, si eso no fuera posible, lo resolverá la Justicia”, explicó, sin precisar montos, plazos ni condiciones para recuperar esos recursos.
El aspecto económico también merece especial atención. Desde el inicio de la intervención, los servicios que presta la Cooperativa acumularon incrementos superiores al 150%, un esfuerzo considerable para los vecinos de Rawson que debería tener su correlato en mejoras sustanciales en la prestación y en la situación patrimonial de la institución.
En ese contexto, el equilibrio operativo que destaca Ibáñez requiere una evaluación más amplia: no alcanza con señalar que los ingresos ahora superan a los gastos sin considerar cuánto de esa recuperación responde a los incrementos aplicados a los usuarios y cuánto a una reducción efectiva de costos o una mayor eficiencia administrativa.
A todo esto se suma una cuestión institucional que permanece abierta. La Cooperativa continúa intervenida, sus asociados siguen sin poder elegir a sus autoridades y todavía no existe una fecha concreta para la normalización.
En febrero próximo se cumplirán dos años de administración judicial. Para entonces, los usuarios habrán afrontado casi dos años de aumentos tarifarios, mientras la institución seguirá teniendo que demostrar si logró resolver los problemas estructurales que motivaron la intervención.