La intervención de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson avanzó el año pasado con una medida de alto impacto patrimonial: la venta de su participación accionaria en Hidroeléctrica Ameghino S.A.
El asesor legal de la intervención, Mario Bensimón, confirmó que se vendieron 345.906 acciones clase E de Hidroeléctrica Ameghino S.A. por un total de 152.460.000 pesos. La operación se concretó el 22 de mayo del año pasado y tuvo como objetivo principal afrontar el pago de la masa salarial correspondiente a ese mes.
Según detalló el propio Bensimón, la decisión fue adoptada en conjunto por el interventor Juan Manuel Ibáñez, el asesor técnico Carlos Alberto Fuentes, el asesor contable Cristian Eguillor, el también asesor técnico Fernando Stabile y el propio equipo legal. La operación contó además con el aval del juez Hugo Sastre.
Aunque no se informó públicamente la identidad del comprador, se indicó que se trata de otro socio de Hidroeléctrica Ameghino S.A.
Crisis estructural y endeudamiento
La venta de este activo estratégico se dio en un contexto de extrema fragilidad económica. A fines de abril de 2025, la cooperativa acumulaba una deuda superior a los 25 mil millones de pesos con CAMMESA, lo que representaba aproximadamente el 85% del total de sus pasivos.
A ese cuadro se sumaban compromisos impagos con el Estado provincial, el Municipio de Rawson, la entonces ARCA, sindicatos y proveedores, configurando un escenario de múltiples frentes abiertos.
En paralelo, la entidad arrastraba un déficit operativo mensual estimado entre 1.200 y 1.300 millones de pesos.
Utilizando ese contexto, la intervención decidió desprenderse de las acciones en Hidroeléctrica Ameghino y abrió un debate de fondo sobre la gestión de los bienes de la cooperativa. Se trata de una porción relevante del patrimonio que pertenece, en última instancia, a los asociados.
La operación, sin embargo, no pasó por la deliberación o aprobación de esos asociados —los verdaderos dueños de la entidad— sino que fue resuelta por el grupo de funcionarios designados de manera transitorias, cuyo mandato es precisamente administrar una crisis, pero no necesariamente redefinir el patrimonio de largo plazo.
Así, el cierre de la operación deja planteado un interrogante central: hasta qué punto una intervención puede, en función de urgencias coyunturales como el pago de salarios, avanzar sobre bienes de la cooperativa sin la participación directa de quienes la integran.