El último sábado, fresco y soleado, se prestaba para la tertulia en la emblemática confitería del Touring Club. Mientras Picón repartía cafés y medialunas con la amabilidad a la que tiene acostumbrados a los parroquianos, en una de las mesas un experimentado hombre de la Justicia conversaba con otros dos que habían ocupado altos cargos en la administración pública. El tema: las millonarias estafas en la Secretaría de Trabajo a través de cooperativas “truchas”.
El jurista explicaba que, cuando comenzaron a surgir sospechas, relatores del Tribunal de Cuentas iniciaron rápidamente una investigación administrativa, basándose en una denuncia que había ingresado al propio organismo. Avanzaron con abundante documentación e información, tratando de desentrañar la maniobra.
Según el relato de este conocedor, cuando la investigación interna ya estaba en marcha, las máximas autoridades del Tribunal recibieron la visita de un funcionario provincial -entonces Ministro-, quien pidió expresamente que se suspendiera toda indagación sobre las cooperativas “truchas”, argumentando que el caso podría dañar la imagen de la Secretaría de Trabajo.
Fieles al funcionamiento característico del Tribunal, se comprometieron a frenar las investigaciones en curso y, además, se les advirtió a los relatores fiscales que, antes de iniciar cualquier trabajo de ese tipo -especialmente si implicaba connotaciones políticas-, debían informar previamente a la superioridad, que sería la encargada de autorizar o rechazar la profundización de las pesquisas.
En el ámbito judicial, por otra parte, las trabas que enfrentó el fiscal Omar Rodríguez habrían sido de orden técnico. Según este testimonio, al no contar con un UFE, no podían acceder a la información de una docena de celulares secuestrados. Por este motivo, debieron recurrir a la Policía Federal, que sí posee el equipamiento necesario para extraer y analizar los contenidos de los dispositivos. Rodríguez estaba convencido de que de esos teléfonos se podía obtener información adicional y sensible para la causa.
La Federal tenía turnos con una demora de seis meses y, al parecer, en estos días habría llegado a la fiscalía el contenido peritado de seis de los celulares. Este material será ahora responsabilidad del reemplazante de Rodríguez, el fiscal Lucas Papini, quien -desde hace un par de meses- ya cuenta con el equipamiento de la UFE.