Por Ley X Nº 15 (antes Ley 3270) fue creado el “Fondo Especial de la Policía del Trabajo”, que establece una tasa del 8×1000 sobre el monto total que los empleadores abonan por todo concepto de remuneración a sus trabajadores en relación de dependencia en el ámbito de la provincia del Chubut. Esta recaudación, según establece la ley, pasa a integrar el Fondo de Policía del Trabajo y Capacitación Laboral.
A lo largo de los años, el fondo acumuló miles de millones de pesos aportados por empresarios y comerciantes. Una gran parte de esos fondos terminó convirtiéndose en una verdadera “caja de recaudación” o “cajita feliz”, con montos millonarios utilizados a discreción para “alegría y felicidad” de los administradores, que no eran otros que funcionarios de la Secretaría de Trabajo de la provincia.
Habíamos acordado reunirnos con dos personas que, según nos aseguraron, conocían en detalle el manejo irregular de esos fondos por parte de funcionarios desaprensivos y venales, que los administraron y direccionaron según sus propios intereses.
A uno de ellos, un joven docente, lo habíamos conocido tiempo atrás, cuando nos contó sobre la llamativa oferta que le habría hecho el exdirector de Recuperación y Promoción de Empleo, Rolando “Pato” Linares. La oferta, que rechazó, implicaba un subsidio de cinco millones de pesos, pero con la condición de entregar la mitad como retorno. Decidió no aceptar porque entendió que podría quedar comprometido penalmente.
Para esta charla, preferimos encontrarnos en el acogedor restaurante Telsen, lejos de oídos indiscretos, especialmente los de Picón, que en el Touring es “todo orejas”.
Una vez llegados los invitados, luego de los saludos y presentaciones, el de mayor edad fue directo al grano. Con la condición de mantener en reserva su identidad, comenzó a explicar el mecanismo de los retornos, detallando los pasos que debían seguir cooperativas y otras entidades para acceder a los subsidios.
El hombre explicó que el primer paso para que los integrantes de una cooperativa accedieran a un subsidio —generalmente de cinco millones de pesos— era presentar un proyecto. Ese proyecto era recibido por Néstor Quilodrán, quien lo elevaba para conocimiento del “Pato” Linares y del propio secretario de Trabajo. Generalmente, el proyecto era rechazado con argumentos técnicos o administrativos. Poco después, los funcionarios visitaban a quien había presentado el proyecto y le proponían “viabilizarlo” a cambio de entregar una parte del subsidio.
La “comisión” exigida era del 50% del monto otorgado. Según los funcionarios, no había riesgo porque no era necesario devolver el dinero, solo rendirlo con facturas de compra. Para facilitar esa tarea, sugerían recurrir a una empresa de Rawson -antes vinculada a la seguridad y hoy conocida como GROW-UP- que proveía facturas por cualquier tipo de materiales o equipamiento que hiciera falta justificar.
Este esquema resultó tan sencillo y rentable que, como suele suceder, la falta de control y el sentimiento de impunidad llevó a profundizar el mecanismo. Así comenzaron a surgir cooperativas de trabajo como hongos, registradas con facilidad gracias a la gestión, siempre activa y “progresista”, de Juan Carlos Arzan, a cargo de Asociativismo y Economía Social.
De esta manera, se aceleró la entrega de subsidios a cooperativas de trabajo, muchas de las cuales -salvo las organizadas por sindicatos u organizaciones serias- eran completamente truchas.
El joven que había rechazado la oferta de Linares completó la información confirmando lo anterior y sumando nuevos detalles.
Según relató: “Los responsables de manejar los subsidios a las cooperativas eran Cristian Ayala, Tobías Gaud y el ‘Pato’ Linares”. Y añadió: “Cuando una cooperativa presentaba un proyecto (en su mayoría eran para capacitaciones laborales: panadería, carpintería, herrería, etc.), quien lo recibía en mesa de entradas y lo revisaba era Linares, que lo rechazaba con alguna excusa técnica o legal. Luego visitaban a los referentes del proyecto y les ofrecían hacerlo viable a cambio del 50% del monto otorgado. Con ese esquema, hicieron mucha plata durante años. El problema ahora es que el Tribunal de Cuentas empezó a revisar los expedientes de 2022 y 2023 y detectó que los fondos depositados en las cuentas del Banco del Chubut a nombre de las cooperativas eran retirados por ventanilla, algo que la ley prohíbe. La normativa exige que las compras se realicen mediante transferencia al proveedor, para garantizar el seguimiento del dinero. Por eso el Tribunal exige ahora las facturas que respalden esas compras. Y en la mayoría de los casos, las cooperativas solo compraron la mitad de lo que declararon, porque la otra mitad del dinero fue entregada a los funcionarios”.
Ante esta situación, comenzaron a aparecer facturas apócrifas para completar las rendiciones. “Y quienes las habrían adulterado serían los propios funcionarios”, agregó.
Ya sobre el final del encuentro, el joven sumó un dato revelador: “En los últimos años proliferaron las cooperativas truchas. Una de ellas, que recibió muchos aportes, tiene domicilio a pocos metros de la Secretaría de Trabajo, y el titular ni siquiera sabe leer ni escribir, pero lo hacían firmar igual. La particularidad es que todas estas cooperativas compraban sus insumos en una empresa de Rawson dedicada a seguridad y venta de telefonía, que facturaba hornos pizzeros, sobadoras, sierras para carpintería o cualquier cosa que supuestamente necesitaban para las capacitaciones”.