Vecinos participantes del programa Lotear de Rawson presentaron el viernes pasado una denuncia penal contra el intendente Damián Biss y funcionarios clave de su gabinete por los presuntos delitos de estafa, malversación de fondos públicos y administración fraudulenta.
La presentación, radicada en la Unidad Especializada en Corrupción del Ministerio Público Fiscal, sostiene que el municipio montó un esquema de engaño que afectó a más de 1.000 familias que apostaron sus ahorros en la que se presentó como “la mayor iniciativa urbana en la historia de Rawson”.
“Pagamos todo, no tenemos nada”
Silvia Etcheverry, Gustavo Peralta y Margarita Duarte -los denunciantes- aseguran que cumplieron puntualmente con las 36 cuotas del plan, en algunos casos cancelando anticipadamente. Sin embargo, cuando venció el plazo en marzo de este año, los terrenos prometidos no estaban urbanizados ni contaban con agua, luz, gas o cloacas.
“Nos vendieron un sueño que terminó en pesadilla. Lo que hay son zanjeos a medias y actos simbólicos, pero ninguna solución real”, expresó Etcheverry.
Promesas incumplidas
El programa Lotear, lanzado en 2022, se dividía en tres líneas:
Social: destinado a familias de bajos ingresos.
Intermedia o primera vivienda.
Inversión: terrenos de mayor valor.
La promesa oficial era clara: en 36 meses, cada familia tendría un terreno con servicios básicos. Según la denuncia, al día de hoy apenas un cuarto de los lotes fue intervenido y muchos corresponden a planes viejos como Tierra para Todos.
En la llamada “Manzana X”, incluso, los vecinos advierten que los terrenos son inhabitables por fallas técnicas en los pozos ciegos.
Complicidad política: la comisión de seguimiento del Concejo nunca funcionó
El escándalo también salpica al Concejo Deliberante, puntualmente a la comisión de seguimiento del programa Lotear, que hasta hace muy poco estuvo encabezada por la concejal Norma Medina, quien no solo no convocaba a reuniones formales, sino que tampoco respondía los pedidos de informes ni las reiteradas presentaciones que se realizaron los participantes en el Concejo.
Vecinos relatan que acudieron en numerosas oportunidades al cuerpo legislativo para reclamar explicaciones por el paralizado avance del programa, pero que la comisión actuó como un “sello de goma” del Ejecutivo, contribuyendo al encubrimiento político del intendente y sus funcionarios.
“Yo confío en el intendente Damián Biss, es una buena persona y no tengo dudas de que va a cumplir con todos los vecinos”, se oyó decir a Medina en más de una oportunidad, cuando los vecinos se acercaron al concejo a pedir explicaciones sobre el destino de los fondos y la paralización de las obras.
La sospecha de un “esquema Ponzi”
El escrito judicial va más allá del incumplimiento administrativo: habla de un mecanismo similar a una “estafa piramidal”, en el que el municipio habría utilizado el dinero de nuevas familias para cubrir anuncios y entregas simbólicas, sin invertir realmente en la urbanización.
El texto menciona además empresas contratistas sospechadas de facturación trucha, como Grow Up, y estima que miles de millones de pesos del programa fueron desviados a gastos corrientes, contratos políticos y campañas electorales.
Medidas fuertes
Los vecinos piden a la Justicia allanamientos en oficinas municipales, secuestro de documentación y computadoras, embargo de fondos y hasta la inhibición de bienes del intendente Biss y sus funcionarios involucrados en Lotear.
El daño económico calculado supera los 1.200 millones de pesos, con familias que aportaron entre medio millón y tres millones de pesos, dependiendo de la línea de acceso.
Política bajo la lupa
“Las Familias tienen la ilusión de su vivienda propia, no queremos perjudicarlas”, garantizó Biss cuando presentó el programa Lotear, que prometía convertirse en el proyecto urbanístico más grande de la historia de Rawson, a finales de 2021.
En todos estos años los vecinos cumplieron con el pago de sus cuotas y el municipio jamás urbanizó los terrenos comprometidos. Biss calmó los primeros reclamos de participantes que habían cancelado sus cuotas de manera anticipada entregando terrenos programa “Tierra Para Todos”, llevado a cabo por la gestión anterior. Tiempo después entregó 32 terrenos sin servicios para participantes de la línea intermedia en un predio que estaba destinado a “espacios verdes”, detrás de las 120 viviendas, camino a Playa Unión. Por último, en noviembre del año pasado, entregó 99 lotes en el Área 13 para vecinos del social, quienes a día de hoy no pueden construir porque no están terminados los servicios.
El municipio jamás explicó por qué no hizo una cuenta especial para reservar los fondos aportados por los participantes durante estos años, ni el destino que les dio a los mismos. A pesar de las reiteradas quejas y sospechas de los hoy denunciantes de que el dinero se estaba utilizando para gastos corrientes y no para la urbanización de los lotes, la comisión de seguimiento jamás realizó un pedido de informe al ejecutivo y funcionó como una escribanía ciega, sorda y muda que convalidó estafa del programa Lotear.
Hoy, con los plazos contractuales ya vencidos y las familias reclamando el cumplimiento de lo firmado, la justicia deberá determinar quiénes son los responsables políticos y administrativos de lo ocurrido. Y, en caso de comprobarse los delitos denunciados, también establecer las condenas correspondientes.
